Voracidad jurídica

Difícil resulta en ocasiones encontrar la diferencia entre lo ético, lo moral y lo jurídico. En muchas ocasiones se analiza o juzga desde un campo completamente distinto al que debería serlo. La percepción de cada uno de estos conceptos se distorsiona frente a la lógica de lo socialmente aceptable o permisible. 

Por fortuna existen algunas instituciones y comunidades que se logran evolucionan y consolidan como entes de una visión no sólo crítica, sino también precisa, las cuales se convierten en garantes de imparcialidad y confianza cara a las sociedades de las que forman parte. Para el caso de San Luis Potosí, el ejemplo más claro lo tenemos en la Universidad Autónoma, una noble institución que a pesar de los muy diversos grupos de poder que se disputan su control tanto en lo académico como en lo administrativo, ha logrado mantener un prestigio como institución apartidista, crítica y garante de una asepsia moral que (en caso que la hubiera) en nuestros días decae de manera progresiva y galopante. 

La cuestión de valores va más allá  del membrete, y arropa en lo personal a muchos de sus investigadores que ejercen esta salvaguarda de valores y crítica social indispensable para cualquier entretejido geográfico y poblacional, de una manera de lo más objetiva escrupulosa. Del diario escuchamos o leemos opiniones y juicios de valor que no sólo enriquecen la calidad del debate, sino que además  alertan sobre diversos aspectos que conviene vigilar de una manera detallada y precisa. 

Desafortunadamente esta crítica sólo se ejerce de las puertas de la Universidad hacia afuera y no de éstas hacia adentro. Se evidencia lo que social, cultural, ética, moral y jurídicamente resulta reprobable, en la medida que ocurra fuera del contexto universitario, pero se guarda silencio sobre todo aquello que ocurre dentro. Conozco a varios integrantes de la comunidad universitaria, que sin temor alguno y con dedo flamígero señalan en todo momento delitos, fallas, yerros, omisiones, que afectan a la sociedad de la que forman parte, lo cual es laudable dad su visión profesional, pero en la totalidad de las ocasiones omiten (claro que deliberadamente), ya no digo cuestionar, sino al menos opinar sobre las fallas de quienes dirigen, o son sus compañeros, dentro de esta institución. 

Ignoro, porque creo que sólo los que están dentro podrían interpretarlo, si se trate de incapacidad a la autocrítica, miedo a la represalia, o de plano les encanta hacer como que no ven y escuchan, pero esa asepsia moral que referí antes, para ellos no aplica. La voluntad divina en los bueyes de mi compadre. 

De allí que me resulte sorprendente haber encontrado en martes en las listas del Juzgado Tercero de lo Civil un expediente (el 1247/2021) promovido por una entidad bancaria en contra de un ciudadano, en donde el representante del banco demandante resulta ser Martín Joel González de Anda, abogado general de la UASLP. Es decir un funcionario de primer nivel de la más importante institución de educación superior en el estado, que recibe muy buen sueldo (casi similar al de un magistrado), que además emana de recursos públicos, puede litigar sin ningún pudor asuntos de instituciones particulares. 

Aquí resultaría interesante preguntar, preguntarnos, y preguntarles a él y al rector de la Universidad, si la importancia del cargo y el tiempo que le debe dedicar a la problemática interna y externa de la institución, le da tiempo de sobra para litigarle al banco fuerte de México. 

Si nos atenemos al “Estatuto Orgánico de la UASLP, “aprobado en Sesión extraordinaria del H. Consejo Directivo Universitario del 27 de noviembre de 2020”, cuya última reforma fue aprobada por el mismo Consejo, el 29 de septiembre de 2021 (es decir ya durante la gestión del actual rector), su Sección Tercera se ocupa “Del abogado o abogada general de la Universidad”, en la que se refiere el alcance de  sus funciones en el artículo 136; los requisitos para ser designado en el 137 y, en el 138, se refieren de manera particular y se detallan en 17 apartados, sus facultades y obligaciones. 

Sin entrar en detalle de cada una de ellas, y al observar el compromiso que se adquiere con la institución, por el simple hecho de ocupar el encargo, nos daríamos cuenta que resulta demasiado complicado y delicado, ejercer otro trabajo. Es casi como decir que la persona que de día se pone la impoluta bata de médico para operar en un quirófano, en las noches se dedica a destapar cloacas, contaminándose entre las excretas. 

Lo escrito no pretende en absoluto fundamentarse ni desarrollarse en lo jurídico, aunque el tema es susceptible para esto y da para mucho más, es la simple curiosidad de quien supone que esta institución requiere un abogado general de tiempo completo, y no de un huizachero que, buscando hacerse de cualquier caso en el que pueda obtener hasta el último tostón, litigue asuntos privados. 

Si esto es posible jurídica, ética y moralmente, seguro tampoco encontraríamos ninguna objeción en que el rector atienda su consultorio, y el secretario general su notaría. Aunque creo que, hasta donde sabemos, no lo hacen; pero pues finalmente muy ellos y su Universidad, que en nada vemos que cambie y, antes bien, sigue manteniendo muchos de los vicios del pasado. 

Por cierto y a propósito de lo ético y lo jurídico, nada impide que se haga un homenaje al recién fallecido Cándido Ochoa al interior del Congreso, aunque confirma lo que ya se sabe de hace varias legislaturas, es una institución que cada día se desacredita más), en tanto que por otro lado resulta inmoral que se pretenda posicionar como a un prócer a un latrocida; al paso que vamos no debe de extrañarnos que en breve se otorgue la Plan de San Luis a Richo papá.   

Tampoco atenta contra lo ético y mucho menos existe algún impedimento jurídico, pero SÍ resulta inmoral que se haga una concentración masiva de poliSÍas en  biSÍcleta, mientras la ciudad sucumbe ante la delincuencia. Menos mal que no son ajenas.   

Gracias por la lectura. 

oscar g. chávez