Zaqueo y los fariseos
Esto no es aquello por más que el gobernador se empeñe en hacer creer que se trata de lo mismo o que esto es consecución de aquello. Nada, aunque compartan el daño a una institución y a un gran número de burócratas potosinos, tiene que ver lo que ocurre ahora, con lo que el mismo gobernador lleva algún tiempo diciendo que se descubrió y que se realiza desde tres sexenios atrás. En síntesis, el asunto que se ha destapado y convertido escándalo gracias al sensacionalismo alharacas gubernamentales referente a malos manejos y rapiña en la Dirección de Pensiones durante años, nada tiene qué ver con el adeudo que la actual administración sostiene con la misma.
Si nos atenemos a lo dicho por el gobernador y explicado parcialmente por su fiscal, desde el sexenio del gobernador Marcelo de los Santos un grupo de funcionarios corruptos de la dirección referida se ocupó de desviar recursos del fondo de pensiones para invertirlos en paraísos fiscales e incluso, ya durante el gobierno de Fernando Toranzo, ponerlos fuera de México “mediante una maraña de fraudes a inversores y transferencias bancarias” en manos de operadores del crimen organizado. Aunque en su momento esto se denunció nada fue investigado, menos sancionado y se le acabó dando carpetazo; vino luego el cambio de gobierno y al parecer en el nuevo, el de Juan Manuel Carreras, continuaron los malos manejos aunque no con los niveles de putrefacción del anterior.
Al margen de esto, hay de parte de gobierno del estado hacia esa dirección, un adeudo millonario para refaccionar los fondos del que dependen las pensiones de burócratas y profesores estatales, incluidos dentro de estos últimos los del subsistema Telesecundarias; durante el gobierno de Juan Manuel Carreras este adeudo alcanzó casi los mil seiscientos millones de pesos que sumados a los tres mil que el actual gobierno ha dejado de entregar, para seguramente utilizarlos en otros fines, dan un total de cuatro mil seiscientos millones de pesos. Esta última cifra es en aproximado ya que desde hace meses la secretaría de Finanzas dejó de proporcionar estados financieros a la Junta de gobierno de la dirección.
Dentro de ese contexto, de unos meses para acá, el gobernador fiel a su estilo de redactor de encabezados de la revista ¡Alarma!, ponderó el descubrimiento –luego de muy complejas y sesudas investigaciones– de una red de corrupción al interior de Pensiones por cuya causa, quiso dar a entender, ocurriría en algún momento una debacle y se dificultaba entregar lo adeudado. Finalmente el pasado lunes se libraron las primeras órdenes de aprehensión de los involucrados en el llamado, por el propio gobernador, “fraude del siglo”. Más que la búsqueda de una sanción, dicen algunos funcionarios gubernamentales, lo que se pretende es recuperar el dinero de la dirección de Pensiones.
Con lo anterior no digo que el gobernador mienta, o al menos no por completo, lo hace en parte o al menos busca encubrir su responsabilidad en lo referente al adeudo contraído; pero por otro lado también es necesario señalar que lo que busca es generar ruido para llamar la atención y dar la idea de que está trabajando no sólo por el futuro y el presente, sino también resolviendo los problemas que dejó la herencia maldita (y que seguramente él como maldito heredero seguirá encubriendo) para así incrementar su popularidad y limpiar su imagen, mientras de paso recupera unos cuantos centavitos para acá y otros muchos para allá .
De la investigación no se duda, aunque como a los actuales funcionarios no se les da mucho el pensar y menos armar algo firme con evidencia sólida y dura, lo más probable es que el caso ya estuviera armado, pero durmiendo en el fondo de alguna gaveta y éstos sólo lo volvieron a activar. También es cierto que si el caso es sólido y se lleva dentro de la línea de lo benéfico para las finanza públicas y no de sus bolsillos, cosa que se antoja imposible, la imagen del gobernador Gallardo subirá como espuma en algunos sectores, aunque hay quienes aseguran que el asunto y por ende el recurso que se pueda recuperar, está condenado al fracaso.
Dos breves cuestionamientos: ¿de ser una red familiar la vinculada a este asunto, podría estarlo a otras corruptelas armadas con recursos públicos? y, ¿por qué si el empresario que tanto revuelo ha causado con sus videos acusatorios contra el gobernador, se proclama inocente, luego de las primeras detenciones tramitó un amparo?
