Sanciona Contraloría municipal a 420 servidores públicos en 2026
La titular Gabriela López explicó el rezago disciplinario heredado y el proceso de sanciones aplicadas
Foto: Carlos Vega/Pulso
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La Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que, al cierre del primer semestre de 2026, se contabilizan 420 sanciones firmes contra servidores públicos municipales, resultado de procedimientos administrativos iniciados tanto en la actual administración como en expedientes heredados de años anteriores.
La titular de la dependencia, Gabriela López y López, señaló que cuando la administración municipal actual asumió funciones encontró un rezago importante en materia disciplinaria. Aseguró que, de acuerdo con el libro de sanciones de la Contraloría, la última sanción registrada antes de este gobierno databa de enero de 2018, por lo que fue necesario retomar diversos asuntos pendientes y resolverlos conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Respecto al caso del antro Rich, la funcionaria indicó que la Contraloría aún no ha sido notificada por el Tribunal de Justicia Administrativa sobre la resolución definitiva. Recordó que cuatro servidores públicos fueron sancionados por la dependencia y posteriormente promovieron recursos de revocación. Aunque la resolución inicial fue confirmada, dos de los expedientes continúan en etapa de apelación ante el tribunal.
López y López explicó que las denuncias ciudadanas contra funcionarios son recibidas a través de la Contraloría Social y mediante buzones instalados en distintos inmuebles municipales. Cuando una queja contiene elementos que pudieran constituir una falta administrativa, el caso es turnado a la unidad investigadora; de lo contrario, se canaliza al área correspondiente para dar seguimiento a trámites o inconformidades de carácter administrativo.
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La contralora detalló que las sanciones aplicadas van desde amonestaciones privadas y públicas hasta inhabilitaciones para desempeñar cargos en el servicio público. En algunos casos, la legislación permite impedir que una persona ocupe un puesto gubernamental o reciba recursos públicos durante un periodo determinado, que puede ser de al menos un año.
Para Contraloría capitalina el caso Rich está cerrado
Será el tribunal quien determine si las medidas aplicadas fueron adecuadas, dijo Gabriela López
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