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La organización Fe y Esperanza de Víctimas del Delito Christian A.C., acusó que un juez promovió un embargo hacia su directora jurídica, como represalia a su labor de defensora de derechos humanos.
De acuerdo con el Organismo de la sociedad civil (OSC), el 20 de mayo se presentó en las oficinas de la institución una ejecutora de la Secretaría de Finanzas para embargar a la abogada, por orden del juzgador Pedro Luis Gómez Ávila.
Describió que previo a ello, el 21 de febrero se realizaría una audiencia a la que fue citada la directora jurídica, sin embargo, esa fecha se dejó sin efectos por órdenes de un gestor de un centro de justicia.
Pese a ello, afirmó que al juzgador "poco le importó" la determinación, y de "manera arbitraria" ordenó una multa para la litigante por no acudir a la audiencia "que no existió", dijo.
"A la abogada nunca se le buscó para defenderse de la multa, de hecho la Secretaría de Finanzas ni siquiera le requirió para que hiciera el pago de la multa, la cual por cierto, de un monto inicial de mil 600 pesos, en tres meses generó intereses hasta generar una multa de casi 3 mil pesos", expuso.
María del Rosario Torres Mata, presidenta del organismo, afirmó que lo sucedido es un "ataque directo" contra la abogada , derivado de sus actividades en defensa de los derechos humanos "que el Poder Judicial ejecutó intencionalmente".
En rueda de prensa, comentó que la intención del juez fue afectar el patrimonio de integrante de la asociación civil y negarle el derecho a defenderse, porque solo así "pueden ganarle así a los abogados de la asociación".
