Aplazarán el "Impuesto verde" hasta 2025

Volverán a aplazar la entrada en vigor del llamado "Impuesto verde". En lugar de iniciar el 1 de julio de este año, se propondrá que comience a partir del 1 de enero de 2025, informó el diputado José Luis Fernández Martínez.

La iniciativa para reformar la Ley de Ingresos en el apartado que se refiere al impuesto ecológico para posponer su puesta en marcha se presentará el próximo jueves en el Pleno del Congreso del Estado.

"Tiene que ver con una solicitud por la vía económica que hace el secretario de Desarrollo Económico, que se platique con los empresarios, Secretaría de Finanzas y con nosotros. Creemos que es lo más conveniente para el estado en su conjunto, que esta medida impositiva inicie con el año en curso", señaló el legislador.

De esta forma, comentó, el Estado tendrá más tiempo para perfeccionar las reglas de operación, uno de los temas más discutidos con los sujetos obligados de este impuesto.

Originalmente, el "Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la atmósfera" fue aprobado a finales de diciembre del año pasado y programado para iniciar el 1 de abril de 2024, con el fin de precisar detalles sobre su recaudación con el Gobierno del Estado y el sector empresarial.

Fue pospuesto al 10 de junio de 2024, luego al 1 de julio y finalmente sería postergado al año próximo, en caso de ser aprobada la iniciativa por los demás legisladores.

Aparte, el gobierno del Estado informó que se tomó la determinación de aplazar la vigencia del impuesto ecológico para el 1 de enero de 2025, porque la medida permitiría empatar la aplicación del impuesto con los plazos fiscales, y también realizar los ajustes que resulten necesarios del proyecto de ley. 

El secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, precisó que la idea es que el plan de implementación no genere quejas y también que no haya desconocimiento, sobre todo en materia de los alcances del proyecto de ley. 

Aseguró que siempre ha habido disponibilidad del Gobierno del Estado para el diálogo y es una decisión que se tomó de manera colegiada, es decir tanto el Estado como el sector empresarial.

(Con información de Martín Rodríguez)