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El proyecto de establecer en San Luis Potosí un campus de la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU, por sus siglas en inglés) enfrenta críticas y dudas luego de que el Congreso de esa entidad estadounidense aprobara la iniciativa de permitir a la institución a continuar con el proyecto.
De acuerdo a medios de comunicación de aquella entidad, entre congresistas locales se hicieron cuestionamientos financieros, académicos y ambientales hacia el proyecto, que se desarrollaría en predios del fraccionamiento Gran Peñón y estaría a cargo de un grupo de inversores locales vinculados al Instituto Mexicano de Educación Superior y Alta Dirección, que en San Luis maneja la Universidad Potosina.
El viernes se completó la votación en el Senado y el Congreso locales, en donde se aprobó por mayoría en ambas cámaras la propuesta presentada por la NMSU.
Un análisis legislativo de la propuesta indica que la universidad no realizará ninguna inversión, ya que el financiamiento de la construcción, operación y nómina de la escuela correrá a cargo de los inversores locales.
LA NMSU colaborará con su experiencia, la cesión de la marca y otra propiedad intelectual y el desarrollo y vigilancia de los programas académicos. También designará al equipo de académicos de la universidad.
El documento señala que los inversores se comprometen a pagar cada cuatrimestre a la Universidad una comisión del 12 por ciento de la recaudación de la escuela por colegiaturas, que serán 150% mayores a las que cobra la institución a sus estudiantes en Nuevo México.
El proyecto no está exento de cuestionamientos. El diario Las Cruces Sun News recaba la opinión del congresista demócrata Matthew McQueen, quien señala que el proyecto le parece más bien una acción de la universidad estatal para respaldar a una universidad privada que tiene fines de lucro. El legislador votó en contra.
Otro legislador, Jason Lane, advirtió del riesgo de presiones de los inversionistas locales de reducir los estándares académicos en caso de que no se logre la meta de matrículas, que se estima oscile entre los mil 200 y los mil 500 alumnos.
También señaló que debe establecerse claramente qué pasará con los alumnos en caso de que el proyecto llegara a fracasar. La institución estableció que la institución aceptaría la obligación de finalizar sus estudios.
Otras voces cuestionan el impacto ambiental del proyecto, al saberse por medios potosinos que la legitimidad de los permisos ambientales del proyecto residencial del Gran Peñón fue cuestionada por el modo en que se obtuvieron los permisos ambientales del proyecto en 2015.
