Ataques a servicios, serán delito de sabotaje

A raíz de los recientes ataques a infraestructura hidráulica, en el Congreso del estado fue presentada una iniciativa para agregar el delito de sabotaje al Código Penal local, que se castigaría con este cambio hasta con 20 años de cárcel a los responsables.

La propuesta de dictamen fue presentada por el diputado panista Rubén Guajardo Barrera. En su exposición de motivos, la iniciativa indicó que este año, el estado enfrenta una grave crisis hídrica y dentro de ella, se han registrado “una problemática de daños intencionales a instalaciones, de ataques a las instalaciones de abasto de agua”, los que se traducen en una grave afectación de este servicio esencial.

Sin embargo, indicó que el Código Penal no capta la gravedad de estos daños, pues lo más parecido que tiene es la tipificación del delito de terrorismo, en su artículo 272, y lo define como quien ejerce violencia contra personas o instalaciones públicas o privadas ayudándose de explosivos, armas, fuego o inundaciones, para producir temor, alarma o terror en las personas. El delito impone a los culpables penas de entre 5 y 20 años de prisión, además de una sanción económica de entre 500 y 2000 unidades de medida y actualización.

Sin embargo, el documento señala que existen limitantes que impiden aplicarlo, por lo que se proponen adicionar el delito de sabotaje, definiéndolo como la actividad que tiene “el fin de trastornar la vida pública del Estado, o con el fin de alterar la capacidad del Gobierno para asegurar el orden público, realiza las siguientes acciones: I. Dañe, destruya o entorpezca deliberadamente la operación de cualquier instalación de servicios públicos; II. Dañe, destruya o entorpezca deliberadamente las vías de comunicación del Estado; III. Dañe, destruya, o entorpezca deliberadamente la operación de centros de producción o distribución de bienes básicos; IV. Dañe centros educativos o de investigación, o V. Dañe o destruya recursos esenciales que el Estado tenga destinados para el mantenimiento del orden público”. 

En cuanto a la pena, la pena es igual a la del delito de sabotaje, entre cinco y veinte años de prisión y sanción pecuniaria de quinientos a dos mil días del valor de la unidad de medida y actualización.