Atiende el Ceepac denuncias por violencia política de género

La violencia política en razón de género mantuvo niveles de riesgo elevados durante el proceso electoral 2024 en San Luis Potosí, pese a una disminución en el número de casos registrados. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) documentó 20 denuncias, frente a las 35 reportadas en el proceso 2020-2021; sin embargo, 48 por ciento de las mujeres atendidas fue clasificado en nivel de riesgo alto.

De acuerdo con el diagnóstico "Nuestra presencia es política", 35 por ciento de las víctimas eran candidatas a presidencias municipales y 15 por ciento a diputaciones locales, además de funcionarias electorales, aspirantes a sindicaturas y otras figuras públicas. La incidencia se concentró en municipios y distritos como Tamazunchale, Aquismón, Tierra Nueva, San Vicente Tancuayalab, Vanegas, Zaragoza y Santa María del Río.

Entre las agresiones documentadas, 31 por ciento correspondió a amenazas contra la integridad y 28 por ciento a violencia simbólica. También se registraron casos de hostigamiento y amenazas contra la vida, lesiones, omisión de información y privación de la libertad. Por tipo, la violencia psicológica representó 45 por ciento de los casos, seguida de la política (28 por ciento), simbólica (20 por ciento), física (5 por ciento) y económica (2 por ciento).

En cuanto a la atención institucional, 18 de los casos contaron con planes de seguridad y dos fueron remitidos al Instituto Nacional Electoral (INE). Además, 12 mujeres recibieron protección policial, una contó con medida cautelar y en dos casos se realizaron valoraciones de medidas de protección. Siete expedientes fueron canalizados a la Fiscalía General del Estado por posibles delitos, cuatro al Instituto de las Mujeres, cuatro al Centro de Justicia para las Mujeres y uno a la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.

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El diagnóstico señala que estos datos permiten identificar condiciones que limitan el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres durante los procesos electorales. Entre sus objetivos se encuentra documentar las formas de violencia, analizar sus efectos en las trayectorias políticas y emitir recomendaciones para implementar acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género.