Avalan en Congreso “impuesto verde” a IP

La recaudación por el “impuesto verde” aprobada por la Comisión de Hacienda del Estado será de 19 millones 538 mil 541 pesos para el ejercicio fiscal de 2024 y se aplicará por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Después de haber sido revisada, modificada y aprobada la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí en la Comisión Legislativa de Hacienda, los diputados aprobaron la iniciativa que proponía establecer un impuesto ecológico por primera vez en San Luis Potosí, con el objetivo de regularizar el impacto ambiental del sector industrial.

Omar Valadez Macías, titular de la Secretaría de Finanzas estatal, afirmó que este impuesto no representa una medida recaudatoria, sino un incentivo para migrar a nuevas tecnologías que permitan mejorar los procesos productivos y disminuir la contaminación.

“El impuesto a que se refiere esta sección, se causará en el momento que los contribuyentes realicen emisiones a la atmósfera, gravadas por este impuesto que afecten en el Estado y en su demarcación territorial, aplicando una cuota impositiva por el equivalente 3 UMA por tonelada emitida de bióxido de carbono o la conversión del mismo”, establece el dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Ingresos del Estado.

Se considerarán factores de implementación al ser el primer año de cobro que podría disminuir el potencial recaudatorio, y se prevé perfeccionar los mecanismos para la declaración y monitoreo de las emisiones contaminantes.

Aún deberá aprobarse el dictamen el próximo jueves 14 de diciembre por el Pleno del Congreso para que este impuesto entre en vigor a partir del 2024. De ser así, San Luis Potosí se suma a las 16 entidades que cuentan con “impuestos verdes”. Algunos de estos son Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, el Estado de México, Yucatán, Zacatecas, entre otros.

La implementación de este gravamen ha sido criticada por el sector empresarial por el impacto económico negativo que podría generar. Asimismo, ha sido señalado por investigadores en la materia que las principales emisiones de CO2 son generadas por automóviles y ladrilleras, entes excluidos en el cobro de este nuevo impuesto.