Calla exfiscal sobre donación de datos

Federico Garza Herrera, exfiscal general del estado, declinó comentar sobre su participación en torno a la donación de una base de datos de 40 mil registros de personas fallecidas no identificadas en San Luis Potosí que hizo a una empresa privada, Central ADN México, situación que el gobierno federal investiga, de acuerdo a un reporte publicado ayer por Proceso y El Financiero.

En el texto “Identidad Pérdida”, los medios de comunicación detallan la manera en que los registros de material genético fueron traspasados desde 2016 a la empresa, por parte de la entonces Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y fiscalías y procuradurías de 4 estados, entre ellos, San Luis Potosí.

Previamente, una investigación de Quinto Elemento Lab reveló que en 2017, una representante de la empresa, Mariana García Sosa, agardeció en un evento a Garza Herrera la donación de la base de datos de material genético perteneciente a 40 mil restos humanos hallados en la entidad. La declaración fue difundida también en un comunicado de la empresa.

Posteriormente, familiares de desaparecidos de varios estados, entre ellos de San Luis, relataron que representantes de la empresa los contactaron ofreciéndoles apoyo para encontrar a sus parientes. En esos contactos, aludían tener las bases de datos gubernamentales y en algunos casos, cobraron algunas cantidades por el servicio.

En el texto publicado ayer por ambos medios, se menciona que se buscó al ex fiscal, hoy secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, luego de que renunciara a la FGE en septiembre del año pasado, “Este equipo buscó al entonces fiscal Federico Garza Herrera, quien declinó tomar la llamada”, señaló.

Además, los reporteros contactaron al fiscal especializado en Materia de Derechos Humanos, Pablo Alvarado Silva, quien reconoció que la Fiscalía General del Estado tuvo colaboración con Central ADN pues le solicitaron apoyo para pruebas genéticas. 

También reveló que en la donación de 2017, se incluyeron 150 perfiles de presuntos potosinos.

Además, en respuesta a una solicitud de información realizada en 2019, la FGE, todavía a cargo de Garza Herrera, para obtener cualquier documento vinculado a la donación de la base de datos, la Dirección de Servicios Periciales de la FGE contestó entonces que su laboratorio de genética forense no contaba con documentos relacionados con esa donación.

En 2019, apunta el reporte. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reveló a grupos de familiares que buscan a desaparecidos, que existe una investigación penal por el uso indebido de esa información.