A-AA+
Las operaciones de la Guardia Nacional en San Luis Potosí, al menos en lo referente al combate a delitos del fuero común, estarían careciendo de legalidad por la ausencia de firma de convenio con el Ejecutivo del estado, consideró la diputada local Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez.
En su carácter de presidente de la comisión legislativa de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, afirmó que “a unas semanas de haber arribado a la entidad potosina la Guardia Nacional, no existe certeza jurídica respecto a sus atribuciones operativas para intervenir en el combate de los delitos del fuero común”.
Dijo desconocer si ya se firmó algún convenio con el Gobierno del Estado, pero consideró urgente resolver esta laguna legal, ya que en estos momentos “la Guardia Nacional depende de la Policía Estatal, pues son ellos quienes están a cargo de firmar los documentos sobre las detenciones para sustentar la legalidad y tener certeza jurídica de las acciones que se llevan a cabo en San Luis Potosí”.
La legisladora criticó que, de momento, la Guardia Nacional “esté haciendo chamba de presencia más que nada. Son como recorridos en diversas colonias para hacer presencia. La falta de certeza jurídica surgió a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a decir que estos elementos se encargarán también del tema migratorio y al parecer estarán funcionando como una figura de comodines”.
