Iniciarán consultas por mandato judicial en marzo
El Ceepac se encargará de organizarlas, según anuncia el Congreso.
Héctor Serrano Cortés/Foto: Citlally Montaño-Pulso
A partir de febrero, el Congreso del Estado comenzará los ajustes necesarios para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) organice las consultas públicas que mantiene pendientes por mandato judicial, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, quien adelantó que en marzo ya podrían estarse aplicando estos ejercicios en temas indígenas, derechos humanos y educación inclusiva.
El legislador explicó que, tras una revisión jurídica, se determinó que el Ceepac puede incorporar estas consultas a los procesos que ya tiene programados, lo que permitiría al Poder Legislativo cumplir con las sentencias que lo obligan a realizarlas. "Eso es algo que me parece va a fluir. Hemos ya iniciado el acuerdo con el Ceepac y creo que muy pronto tendremos esta posibilidad como una alternativa y solventar lo que tenemos por resolver en el congreso relativo a las consultas", señaló.
La ruta surgió después de una reunión sostenida en diciembre con magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se revisaron los alcances legales de las consultas ordenadas al Congreso Local. En ese encuentro, la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina, reconoció que el Legislativo no contaba con recursos económicos para iniciar estos ejercicios.
Congreso pidió ayuda al Ceepac para consultas públicas
Se envió un oficio para que se comiencen a preparar las actividades y cumplir con sentencias judiciales
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Ante la falta de presupuesto y la presión por cumplir con los fallos judiciales, el Congreso optó por solicitar la intervención del organismo electoral, al considerar que cuenta con la capacidad operativa para organizar los mecanismos de participación. Incluso, ya se envió un oficio para comenzar a preparar actividades informativas.
Entre las consultas pendientes se encuentra la relacionada con el cambio del sistema de partidos a usos y costumbres en comunidades indígenas, otra vinculada con derechos humanos y la consulta en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad, luego de que la Suprema Corte invalidara un capítulo completo de la Ley de Educación del Estado por haberse aprobado sin consulta previa. En total, el Congreso arrastra al menos tres consultas obligatorias sin haberlas realizado.
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