Ciudadanos pueden exigir pago a daños por malos caminos

La ley obliga a la autoridad a reparar afectación moral y física

Compartir:

Ciudadanos pueden exigir pago a daños por malos caminos

A-AA+

Los ciudadanos que sufran daños en su patrimonio o su persona por fallas en la infraestructura municipal deben asesorarse de profesionales que conozcan la materia de litigación administrativa, porque sólo así asegurarán el éxito en la cobranza o reparación del daño moral, aseguró el ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juan Manuel Arias González.

El ex magistrado y abogado potosino resolvió entre sus últimas sentencias una dictada en contra de Caminos y Puentes Federales -Capufe- por un accidente en el que falleció el padre de familia de los ocupantes de un vehículo a causa de una avería producida por un bache de carretera.

La sentencia obliga a la autoridad federal a proporcionar atención psicológica de manera vitalicia a la sobreviviente y su hija sin costo para ellas, además de una indemnización por 1 millón 264 mil 254 pesos con 88 centavos.

La sentencia incluye otra indemnización por 403 mil para la afectada y su hija por concepto de indemnización por muerte de su esposo y padre, respectivamente.

Otro punto del resolutivo es una indemnización de 1 millón 612 mil pesos por compensación debida al daño moral y una indemnización de 2 millones 418 mil pesos para compensar el daño moral.

La sentencia fue dictada por el propio Juan Manuel Arias González, abogado potosino con estudios de posgrado en Impuestos, Defensa Fiscal y Finanzas Públicas y su certificado en materia aduanera, contando con más de 35 años de experiencia en materia de Derecho Fiscal y Administrativo.

Juan Manuel Arias trabajó en la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, en el Servicio de Administración Tributaria de donde se retiró como administrador local; fue magistrado del Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo por un primer periodo de 6 años, y fue ratificado por el Congreso local a propuesta del Gobernador del Estado para un segundo periodo.