A-AA+
Por el asesinato hasta ahora sin reparación del daño, del joven Enrique Rivera Bravo, potosinos y queretanos marcharán hacia la Ciudad de México para exigir el cumplimiento de medidas restaurativas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Si no cambia la fecha, la marcha irá a la capital mexicana a más tardar el martes, informó Marco Antonio Arredondo Bravo, abogado defensor del ofendido, su padre Enrique Rivera Montalvo. Se trata de un caso de dilación de la justicia que espera una resolución definitiva desde el 28 de julio de 1999, fecha en que agentes de la entonces Dirección General de Protección Social y Vialidad del gobierno estatal asesinaron al joven en la colonia Juan Sarabia.
El abogado presentó un escrito de aviso a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para avisar de la manifestación en el Zócalo.
Comentó que la caravana por la justicia de las víctimas de San Luis Potosí, se centra en el caso del joven asesinado, puesto que su padre aún ha visto pasar sólo una sentencia condenatoria para un agente responsable del homicidio, pero los restantes partícipes siguen impunes, y no hay reparación del daño para los padres, que vivían de los ingresos de Enrique Rivera Bravo.
La queja P-761/04, relacionada con el juicio penal 39/1999, fue resuelta por la CIDH con una demanda al gobierno estatal para la reparación integral del daño, luego de que el juez de la época, Miguel Ángel Sauceda Aranda, dictó sólo una sentencia parcial para el caso de los oficiales Héctor Franco Medina (libre) y Adrián Martínez de los Ángeles (condenado a 12 años y 9 meses de prisión) para un caso de homicidio doloso y abuso de autoridad,
Si no cambia la fecha, la marcha irá a la capital mexicana a más tardar el martes, informó Marco Antonio Arredondo Bravo, abogado defensor del ofendido, su padre Enrique Rivera Montalvo. Se trata de un caso de dilación de la justicia que espera una resolución definitiva desde el 28 de julio de 1999, fecha en que agentes de la entonces Dirección General de Protección Social y Vialidad del gobierno estatal asesinaron al joven en la colonia Juan Sarabia.
El abogado presentó un escrito de aviso a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para avisar de la manifestación en el Zócalo.
Comentó que la caravana por la justicia de las víctimas de San Luis Potosí, se centra en el caso del joven asesinado, puesto que su padre aún ha visto pasar sólo una sentencia condenatoria para un agente responsable del homicidio, pero los restantes partícipes siguen impunes, y no hay reparación del daño para los padres, que vivían de los ingresos de Enrique Rivera Bravo.
La queja P-761/04, relacionada con el juicio penal 39/1999, fue resuelta por la CIDH con una demanda al gobierno estatal para la reparación integral del daño, luego de que el juez de la época, Miguel Ángel Sauceda Aranda, dictó sólo una sentencia parcial para el caso de los oficiales Héctor Franco Medina (libre) y Adrián Martínez de los Ángeles (condenado a 12 años y 9 meses de prisión) para un caso de homicidio doloso y abuso de autoridad,
