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El Congreso del Estado proyecta “perdonar” a funcionarios de la alcaldía de Solidad, entre los que están varios candidatos a cargos de elección popular su incumplimiento en la falta de pago de laudos laborales, desechando tres juicios de responsabilidades exigidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA). De acuerdo al abogado Jorge Chessal Palau, los argumentos legislativos no son válidos y los juicios deberían realizarse.
La Gaceta Parlamentaria de la sesión 101 de esta legislatura que se celebra hoy incluye tres dictámenes de las comisiones de Gobernación y de Justicia en los que plantea el desechamiento de tres solicitudes de juicios de responsabilidad contra este y el anterior cabildos de Soledad, planteados por el TECA ante el incumplimiento en el pago a igual número de trabajadores.
Los afectados son Juan Antonio Badillo Zavala, cuyo laudo favorable se emitió en 2012. Debido al incumplimiento de la alcaldía, el TECA pidió desde septiembre de 2014 que el Congreso iniciara un juicio de responsabilidades.
También está Adriana Paulín Rojas, que ganó el laudo en enero de 2015. Ocho meses después, en septiembre de ese año, el TECA también pidió sancionar al Cabildo. En ambos casos,s e trata de la anterior legislatura.
Finalmente, Juan Olivares Silva ganó el laudo en septiembre de 2012. Hasta mayo de 2015, el tribunal pidió sanciones contra este ayuntamiento.
Tras un largo proceso, las comisiones determinaron que todos los integrantes de esos cabildos eran sujetos a juicio de responsabilidades.
Sin embargo tomaron en cuenta los argumentos de las administraciones soledenses de que los laudos se pagaron, aunque a destiempo.
Sólo en el primer caso, el pago se hizo completo en enero de 2017. En los otros dos, sigue pendiente de saldarse e incluso se han hecho abonos en marzo de este año.
Aun así, las comisiones determinaron que las solicitudes los juicios políticos quedaron sin efecto.
Al respecto, el abogado constitucionalista Jorge Chessal Palau señala que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que una sanción ordenada por un tribunal administrativo debe cumplirse, independientemente si el laudo ha sido saldado o no.
Señaló que en el momento en el que el TECA pidió las sanciones, había un incumplimiento que debió sancionarse.
Al negarse a hacerlo, dijo, los diputados fungirían como un órgano auxiliar del TECA para efectuar la cobranza.
Estos asuntos podrían derivar incluso en delitos previstos en el Código Penal, como el de desobediencia a un mandato legítimo de una autoridad.
Entre los funcionarios y ex funcionarios de los dos cabildos soledenses contra los cuales el TECA pidió juicios de responsabilidades están varios candidatos del PRD a cargos de elección popular:
Ricardo Gallardo Juárez, ex alcalde y aspirante a la diputación federal del Distrito II.
Leonor Noyola Cervantes, ex regidora y aspirante a senadora.
Graciela Gaitán, ex regidora, actual legisladora y suplente de Noyola Cervantes.
Erika Briones Pérez, ex regidora y candidata del PRD a la alcaldía de Villa de Reyes.
Gilberto Hernández Villafuerte, alcalde con licencia. Busca la reelección.
Fernando Gámez Macías, regidor con licencia, candidato a diputado local por el distrito X de Rioverde.
