Litigio en SCJN busca defender autonomía sin afectar a policías: EGC
Cuestionó que el Congreso se extralimitó al aprobar algunas reformas
Enrique Galindo Ceballos/Foto: Pulso
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A un día de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta el proyecto que perfila desechar la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que la impugnación nunca tuvo como objetivo frenar la creación de un sistema de retiro para policías municipales, sino cuestionar lo que considera una invasión del Congreso del Estado a las facultades de los municipios.
Esto luego de que la controversia constitucional fuera presentada por la administración capitalina tras las reformas aprobadas por el Congreso local hace un año, mediante las cuales, se estableció la obligación para los municipios de crear esquemas de retiro para policías y destinar recursos específicos para garantizar esas prestaciones.
El Ayuntamiento argumentó que dichas disposiciones afectaban su capacidad de decidir cómo ejercer y distribuir sus recursos públicos.
El edil explicó que el recurso presentado ante la Corte no se opone a los incrementos salariales, prestaciones o garantías laborales para los elementos de seguridad pública.
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Señaló que el fondo del litigio radica en que el Poder Legislativo estatal ha comenzado a intervenir en aspectos relacionados con la administración de los recursos municipales y la toma de decisiones internas de los ayuntamientos.
Galindo sostuvo que existe un debate jurídico de larga data sobre la autonomía municipal y el alcance del artículo 115 constitucional. En ese sentido, afirmó que durante los últimos años los municipios han logrado ampliar sus facultades mediante resoluciones judiciales, por lo que consideró que las recientes reformas representan un retroceso en ese proceso.
El alcalde aseguró que el fortalecimiento de la policía municipal no está en discusión y afirmó que la capital potosina ha impulsado mejoras para los agentes incluso antes de que existieran las disposiciones aprobadas por el Congreso.
Sin embargo, insistió en que no pueden aceptarse medidas que, a su juicio, reduzcan la capacidad de gestión y autoadministración del gobierno municipal.
Cuestionado sobre si el Congreso se extralimitó al aprobar estas reformas, Galindo respondió que sí y vinculó este caso con otras disposiciones estatales que, según dijo, también han limitado atribuciones municipales, como la legislación relacionada con el uso de suelo en la zona industrial.
Añadió que la defensa de las facultades establecidas en el artículo 115 constitucional seguirá siendo uno de los principales argumentos del Ayuntamiento ante la Corte.
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