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Enredos legislativos
Pataleta gubernamental
La trama del perdón legislativo a los funcionarios de los 58 ayuntamientos que incurrieron en irregularidades en sus cuentas públicas de 2014 toma giros inesperados.
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El Congreso estatal desecha los juicios de responsabilidad a los funcionarios municipales de las administraciones 2012-2015, argumentando que la Auditoría Superior del Estado (ASE) los solicitó, pero que no ofreció evidencia de que se hubiera dado a los funcionarios la oportunidad de solventar las observaciones ni entregó los informes finales de las cuentas públicas municipales de ese año.
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Pero luego, el propio Congreso investiga a sus jurídicos para determinar si hubo errores, u otras maniobras, del lado del Legislativo.
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Y ahora, en la ASE, la sospecha es que los requerimientos del Congreso sí fueron recibidos….. pero esos documentos se quedaron en una oficina del Coordinador de Auditorías Especiales Abraham Reinhardt y ahora, no se encuentran por ningún lado.
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El asunto apunta de nuevo la atención al Congreso. Reinhardt era parte del lado de “La Ecuación Corrupta” que operaba en la ASE. El destape del escándalo fue detonante de la caída de la directiva del Congreso porque la liga entre uno y otro lado era inocultable.
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El panorama ahora luce extremadamente sospechoso y de nuevo, hace saltar la duda: ¿para qué beneficiar a los ex funcionarios infractores con la “limpia” de cualquier posibilidad de sanción? Quizá los que andan en campaña saben la respuesta.
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Al menos, la posibilidad de una sanción por las irregularidades registradas en el ejercicio fiscal 2014 no se ha evaporado del todo. La ASE todavía investiga las irregularidades financieras cometidas en ese entonces.
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La ASE, entonces, tiene todavía, posibilidades de imponer alguna multa o resarcimiento de daños.
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La liberación de una banda de asaltantes, presumida hace algunos días por el Gabinete de Seguridad Estatal como un logro, se tornó chasco cuando un juez ordenó la liberación de los presuntos delincuentes, por presuntas ilegalidades en su detención.
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Desde luego, en el Palacio de Gobierno no mencionaron esto como posibilidad, sino que optó por el derecho al pataleo contra el sospechoso común: el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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Expuesto al fracaso, la administración carrerista habla de reformar los lineamientos que norman la captura de los delincuentes.
Sería bueno escuchar al gobierno señalar si sus corporaciones tienen el conocimiento necesario, las habilidades y el sentido común para cumplir con las normas establecidas por el NSJP. Conociendo los antecedentes, es muy probable que estas fallas, y no las normas, sean las responsables de la libertad de unos presuntos delincuentes.
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Por medios afines al gallardismo se está difundiendo un presunto “aval” del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadano (Ceepac) de que el candidato perredista Ricardo Gallardo Juárez no enfrentará sanciones electorales ante el probado uso de promoción personalizado con la palabra “gallardía”. ¿Permitirá el Consejo ese nivel de manipulación?
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¡HASTA MAÑANA!
Pataleta gubernamental
La trama del perdón legislativo a los funcionarios de los 58 ayuntamientos que incurrieron en irregularidades en sus cuentas públicas de 2014 toma giros inesperados.
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El Congreso estatal desecha los juicios de responsabilidad a los funcionarios municipales de las administraciones 2012-2015, argumentando que la Auditoría Superior del Estado (ASE) los solicitó, pero que no ofreció evidencia de que se hubiera dado a los funcionarios la oportunidad de solventar las observaciones ni entregó los informes finales de las cuentas públicas municipales de ese año.
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Pero luego, el propio Congreso investiga a sus jurídicos para determinar si hubo errores, u otras maniobras, del lado del Legislativo.
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Y ahora, en la ASE, la sospecha es que los requerimientos del Congreso sí fueron recibidos….. pero esos documentos se quedaron en una oficina del Coordinador de Auditorías Especiales Abraham Reinhardt y ahora, no se encuentran por ningún lado.
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El asunto apunta de nuevo la atención al Congreso. Reinhardt era parte del lado de “La Ecuación Corrupta” que operaba en la ASE. El destape del escándalo fue detonante de la caída de la directiva del Congreso porque la liga entre uno y otro lado era inocultable.
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El panorama ahora luce extremadamente sospechoso y de nuevo, hace saltar la duda: ¿para qué beneficiar a los ex funcionarios infractores con la “limpia” de cualquier posibilidad de sanción? Quizá los que andan en campaña saben la respuesta.
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Al menos, la posibilidad de una sanción por las irregularidades registradas en el ejercicio fiscal 2014 no se ha evaporado del todo. La ASE todavía investiga las irregularidades financieras cometidas en ese entonces.
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La ASE, entonces, tiene todavía, posibilidades de imponer alguna multa o resarcimiento de daños.
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La liberación de una banda de asaltantes, presumida hace algunos días por el Gabinete de Seguridad Estatal como un logro, se tornó chasco cuando un juez ordenó la liberación de los presuntos delincuentes, por presuntas ilegalidades en su detención.
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Desde luego, en el Palacio de Gobierno no mencionaron esto como posibilidad, sino que optó por el derecho al pataleo contra el sospechoso común: el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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Expuesto al fracaso, la administración carrerista habla de reformar los lineamientos que norman la captura de los delincuentes.
Sería bueno escuchar al gobierno señalar si sus corporaciones tienen el conocimiento necesario, las habilidades y el sentido común para cumplir con las normas establecidas por el NSJP. Conociendo los antecedentes, es muy probable que estas fallas, y no las normas, sean las responsables de la libertad de unos presuntos delincuentes.
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Por medios afines al gallardismo se está difundiendo un presunto “aval” del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadano (Ceepac) de que el candidato perredista Ricardo Gallardo Juárez no enfrentará sanciones electorales ante el probado uso de promoción personalizado con la palabra “gallardía”. ¿Permitirá el Consejo ese nivel de manipulación?
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¡HASTA MAÑANA!
