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Cuentas confusas
Industria en peligro

Sin llegar a ser una respuesta oficial, del Palacio de Gobierno surgió una respuesta en torno a la situación reflejada por las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de primer nivel del Gabinete, y que, al menos en los números, refleja que no sólo no hubo una disminución de ingresos, como establecía el acuerdo de austeridad de 2017, sino que se registró un incremento en sus percepciones, lo que el mismo documento prohibía.

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En líneas generales, la versión atribuye a errores y confusiones la falta de congruencia entre los ingresos reportados por los casi todos los titulares del Gabinete Legal y los lineamientos del acuerdo para controlar el gasto.

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Que, siguiendo esta misma versión, se habrían cumplido: es decir, que sí hubo una reducción y no se registraron incrementos.

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Sobre el primer factor, la de las fallas, sería un duro golpe al sistema de rendición de cuentas del gobierno estatal. Ya ocurrió una vez, el año pasado, cuando ocho funcionarios reportaron un sueldo mayor al del gobernador, supuestamente por fallas al reportar el salario bruto en lugar del neto.

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¿Otra vez hubo una falla? Teniendo un año para capacitarse y para entender la forma de llenar los documentos, un nuevo error sería una situación lamentable.

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Y sobre el cumplimiento del acuerdo de austeridad, el asunto está a revisión. Que las cifras oficiales de la Contraloría apunten a un incremento y que se diga que no existe tomando en cuenta datos que no están dentro de las mismas declaraciones habla de un procedimiento más bien complicado e inexacto, y al final, opaco, que no permite establecer con claridad un dato sencillo: si los funcionarios públicos aumentaron o no su sueldo.

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Por cierto, otro integrante del gabinete, la secretaria de Ecología Yvette Salazar, reportó un salario mayor que el gobernador. ¿Otro error? Lo que sí coincide con la realidad es la prosperidad inmobiliaria de la funcionaria, que hace unos meses reveló este medio.

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De acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, la industria relacionada con el acero en San Luis Potosí aportó en 2017 tres mil 949 millones de pesos en valor agregado a la economía estatal. Esto es el 90 por ciento del valor total generado por la industria metal mecánica de la entidad.

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Son 46 empresas del ramo asentadas en San Luis, que generan ocho mil 064 empleos y que ocupa el quinto lugar a nivel nacional.

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Por esos números, el estallido de una guerra comercial con Estados Unidos, cuyo primer bombazo fue aplicar un 25 por ciento de arancel a las importaciones mexicanas de acero es una muy mala noticia para San Luis Potosí.

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El daño podría ser mayor si no se desactiva el diferendo con el gobierno de Trump. El contrataque mexicano, que tomó represalias arancelarias con otros productos que importamos de Estados Unidos podría ampliar el impacto, si, por ejemplo, el contraataque involucrara a la industria automotriz o a los productos agropecuarios.

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¡HASTA MAÑANA!