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La sombra de aviadores
“El Mijis” y el tabú clasista
En comparación con otros años, los hallazgos de irregularidades en el uso de recursos federales por parte de la Auditoría Superior de la Federación fueron menos cuantiosos que en ocaciones anteriores.
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Justo antes de los comicios, la ASF liberó el reporte correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y para San Luis, los resultados fueron inusualmente benévolos. Apenas 16.5 millones de pesos.
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Lo que resultó notorio fue que sólo una dependencia concentraba la inmensa mayoría de esos recursos: la Secretaría de Salud.
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Las anomalías se centraron en un aspecto preocupante: la mayoría de las observaciones estaban centradas en el manejo de la nómina de la SS, y de cómo benefició a personas no capacitadas y, en su mayor parte, que no pudieron ser ubicadas en sus centros de trabajo o que no cubrían los perfiles médicos que exigían las labores de instancias como el Seguro Popular.
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Más aún, aunque no llegó al nivel de observación, hay una exigencia de la ASF de aclarar la ubicación de casi 400 empleados de los cuales se tiene constancia de que cobran salarios y otras prestaciones, pero no de que acudan a trabajar. De elevarse estos casos al nivel de observación, el monto de las irregularidades se incrementaría considerablemente, pues el monto envuelto en esta anomalía es de 97 millones de pesos.
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De manera repentina, la elección de un diputado local potosino con antecedentes de una vida pandilleril y delictiva que él señala como ya superada incendió las redes sociales con un encendido debate sobre clasismo, pero sobre todo, de las oportunidades que tienen sectores sociales periféricos para convertirse en actores relevantes de la política.
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Como suele ocurrir en el internet, el insulto y la burla fueron parte importante del debate, que en muchas ocasiones, se centró en la apariencia y la extracción social de Pedro Carrizales, chavo banda, activista en favor de estos grupos y próximo diputado local por Morena.
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Que era inadmisible que un pandillero, un cholo, un chaka, un tatuado ocupara un escaño en un Congreso local fue visto como una situación negativa. El clasismo que se vio en estas posturas era tan inocultable como despreciable.
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En el otro extremo, se hablaba de la apertura de miras del electorado que lo escogió entre todas las opciones partidistas disponibles, que el desencanto con los políticos locales obligaba a sopesar otras opciones y que, simplemente, la figura y el origen de las personas era irrelevante ante su derecho de votar y ser votado.
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Los antecedentes criminales del virtual diputado, ganados por su responsabilidad en un ataque armado en el que hubo heridos, también fue discutido. Lo mismo su actividad posterior, como fundador y activista principal de una organización que busca rescatar a los chavos banda de la zona metropolitana.
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El asunto prendió las redes sociales a un alcance nacional en un debate que era necesario, porque expuso las arraigadas formas de pensamiento de un sector importante de la ciudadanía del país sobre lo que deben ser las limitantes a la participación ciudadana en la vida pública, centradas en el origen y apariencia de los individuos.
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El caso de “El Mijis” puso ante el espejo a los mexicanos. Y la imagen no resultó agradable.
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¡HASTA MAÑANA!
“El Mijis” y el tabú clasista
En comparación con otros años, los hallazgos de irregularidades en el uso de recursos federales por parte de la Auditoría Superior de la Federación fueron menos cuantiosos que en ocaciones anteriores.
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Justo antes de los comicios, la ASF liberó el reporte correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y para San Luis, los resultados fueron inusualmente benévolos. Apenas 16.5 millones de pesos.
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Lo que resultó notorio fue que sólo una dependencia concentraba la inmensa mayoría de esos recursos: la Secretaría de Salud.
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Las anomalías se centraron en un aspecto preocupante: la mayoría de las observaciones estaban centradas en el manejo de la nómina de la SS, y de cómo benefició a personas no capacitadas y, en su mayor parte, que no pudieron ser ubicadas en sus centros de trabajo o que no cubrían los perfiles médicos que exigían las labores de instancias como el Seguro Popular.
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Más aún, aunque no llegó al nivel de observación, hay una exigencia de la ASF de aclarar la ubicación de casi 400 empleados de los cuales se tiene constancia de que cobran salarios y otras prestaciones, pero no de que acudan a trabajar. De elevarse estos casos al nivel de observación, el monto de las irregularidades se incrementaría considerablemente, pues el monto envuelto en esta anomalía es de 97 millones de pesos.
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De manera repentina, la elección de un diputado local potosino con antecedentes de una vida pandilleril y delictiva que él señala como ya superada incendió las redes sociales con un encendido debate sobre clasismo, pero sobre todo, de las oportunidades que tienen sectores sociales periféricos para convertirse en actores relevantes de la política.
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Como suele ocurrir en el internet, el insulto y la burla fueron parte importante del debate, que en muchas ocasiones, se centró en la apariencia y la extracción social de Pedro Carrizales, chavo banda, activista en favor de estos grupos y próximo diputado local por Morena.
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Que era inadmisible que un pandillero, un cholo, un chaka, un tatuado ocupara un escaño en un Congreso local fue visto como una situación negativa. El clasismo que se vio en estas posturas era tan inocultable como despreciable.
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En el otro extremo, se hablaba de la apertura de miras del electorado que lo escogió entre todas las opciones partidistas disponibles, que el desencanto con los políticos locales obligaba a sopesar otras opciones y que, simplemente, la figura y el origen de las personas era irrelevante ante su derecho de votar y ser votado.
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Los antecedentes criminales del virtual diputado, ganados por su responsabilidad en un ataque armado en el que hubo heridos, también fue discutido. Lo mismo su actividad posterior, como fundador y activista principal de una organización que busca rescatar a los chavos banda de la zona metropolitana.
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El asunto prendió las redes sociales a un alcance nacional en un debate que era necesario, porque expuso las arraigadas formas de pensamiento de un sector importante de la ciudadanía del país sobre lo que deben ser las limitantes a la participación ciudadana en la vida pública, centradas en el origen y apariencia de los individuos.
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El caso de “El Mijis” puso ante el espejo a los mexicanos. Y la imagen no resultó agradable.
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¡HASTA MAÑANA!
