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Vigilancia sin dientes Futurismo petrolero
Ya se habían tardado las reacciones. Si San Luis Potosí registra en 2018 una denuncia formal por el robo de combustible, o las instituciones públicas son muy lentas para reaccionar o alguien mantenía en secreto los casos en los libros de gobierno de la Procuraduría General de la República, puesto que es la instancia para conocer de los hechos.
Hace más de una década que el gobierno federal ha tratado con seriedad el asunto del robo de combustible. Incluso, cuando en el gobierno de Vicente Fox Quesada, en la entonces Policía Federal Preventiva fue creada la División de Fuerzas Federales. Incluso a raíz del robo, buscan la forma de localizar vía satélite los sitios donde probablemente hay extracción de combustibles.
Las denuncias por el robo de combustible han obligado a las autoridades a intervenir en la compra de tecnologías para competir con los ladrones, para la localización de los sitios donde ocurre ese robo. Las principales herramientas son satélites para localizar los puntos de saqueo de los combustibles, cuya extracción reporta costos a Petróleos Mexicanos, que se suman a la muy onerosa nómina que mantiene a la paraestatal al borde de la quiebra.
Las denuncias rondan por donde quiera, y principalmente para el caso de poblados donde según investigaciones en los diarios nacionales, hasta las autoridades municipales suelen involucrarse en asuntos de extracción de gasolina u otros hidrocarburos. Inclusive, por años se ha hablado en forma extraoficial del robo de combustibles en San Luis Potosí.
Por ejemplo, basta con echar un vistazo en sitios carreteros donde un tambo o bote se encuentra en combustión permanente. Los dueños de los negocios ofrecen combustibles a traileros, y los transportistas que hacen llegar a esas “tienditas” la gasolina o el diésel, pasan por todos los filtros hasta llegar a las carreteras donde los clientes son traileros.
Quizá la única ventaja de la tecnología, consiste en que ahora es técnicamente imposible falsificar facturas y por lo tanto, el pago de gasolina robada o de dudosa procedencia es por cuenta propia del chofer, de áreas contables que no amarran todos los controles financieros, o de una empresa especialista en la evasión fiscal que así ahorra costos.
Por años, las autoridades se han quejado de que la corrupción arroja millones de dólares en pérdidas. Los porcentajes y cantidades de dinero de nada sirven, si el combate al robo de combustibles no tiene dientes, y el mercado negro tiene amplia ventaja porque no hay autoridades que pongan orden, o en ocasiones están organizadas para omisiones cómplices.
Formular una denuncia por el robo de combustibles es decir lo mismo que un sermón para adolescentes. Significa poco si lo único que implica ese expediente abierto en carpeta de investigación es sólo la mecánica de “dar el chisme” para decir que hay denuncia. Si de una carpeta de investigación, las acciones policiales llevan a una investigación a fondo, es probable que las autoridades vuelvan a ganarse el crédito. Lo contrario sería fatal.
A estas alturas, las autoridades que guardan el orden ya deberían tener montado un plan de fondo para combatir el robo de combustible, con mayor razón, ahora que la entidad es vía de paso de gasoductos y oleoductos que nos traen combustibles del extranjero. No basta con presumir la baja incidencia, cuando no se sabe si en realidad son pocos los casos, o no existe cultura de la denuncia.
Por ahora, Petróleos Mexicanos está obligada a solicitar el refuerzo de la vigilancia, con mayor razón ahora que la competencia con los proveedores extranjeros de combustibles, les ha provocado un enorme boquete financiero que sin duda afectará sus inversiones, la infraestructura y hasta los sueldos para el personal.
Ya se habían tardado las reacciones. Si San Luis Potosí registra en 2018 una denuncia formal por el robo de combustible, o las instituciones públicas son muy lentas para reaccionar o alguien mantenía en secreto los casos en los libros de gobierno de la Procuraduría General de la República, puesto que es la instancia para conocer de los hechos.
Hace más de una década que el gobierno federal ha tratado con seriedad el asunto del robo de combustible. Incluso, cuando en el gobierno de Vicente Fox Quesada, en la entonces Policía Federal Preventiva fue creada la División de Fuerzas Federales. Incluso a raíz del robo, buscan la forma de localizar vía satélite los sitios donde probablemente hay extracción de combustibles.
Las denuncias por el robo de combustible han obligado a las autoridades a intervenir en la compra de tecnologías para competir con los ladrones, para la localización de los sitios donde ocurre ese robo. Las principales herramientas son satélites para localizar los puntos de saqueo de los combustibles, cuya extracción reporta costos a Petróleos Mexicanos, que se suman a la muy onerosa nómina que mantiene a la paraestatal al borde de la quiebra.
Las denuncias rondan por donde quiera, y principalmente para el caso de poblados donde según investigaciones en los diarios nacionales, hasta las autoridades municipales suelen involucrarse en asuntos de extracción de gasolina u otros hidrocarburos. Inclusive, por años se ha hablado en forma extraoficial del robo de combustibles en San Luis Potosí.
Por ejemplo, basta con echar un vistazo en sitios carreteros donde un tambo o bote se encuentra en combustión permanente. Los dueños de los negocios ofrecen combustibles a traileros, y los transportistas que hacen llegar a esas “tienditas” la gasolina o el diésel, pasan por todos los filtros hasta llegar a las carreteras donde los clientes son traileros.
Quizá la única ventaja de la tecnología, consiste en que ahora es técnicamente imposible falsificar facturas y por lo tanto, el pago de gasolina robada o de dudosa procedencia es por cuenta propia del chofer, de áreas contables que no amarran todos los controles financieros, o de una empresa especialista en la evasión fiscal que así ahorra costos.
Por años, las autoridades se han quejado de que la corrupción arroja millones de dólares en pérdidas. Los porcentajes y cantidades de dinero de nada sirven, si el combate al robo de combustibles no tiene dientes, y el mercado negro tiene amplia ventaja porque no hay autoridades que pongan orden, o en ocasiones están organizadas para omisiones cómplices.
Formular una denuncia por el robo de combustibles es decir lo mismo que un sermón para adolescentes. Significa poco si lo único que implica ese expediente abierto en carpeta de investigación es sólo la mecánica de “dar el chisme” para decir que hay denuncia. Si de una carpeta de investigación, las acciones policiales llevan a una investigación a fondo, es probable que las autoridades vuelvan a ganarse el crédito. Lo contrario sería fatal.
A estas alturas, las autoridades que guardan el orden ya deberían tener montado un plan de fondo para combatir el robo de combustible, con mayor razón, ahora que la entidad es vía de paso de gasoductos y oleoductos que nos traen combustibles del extranjero. No basta con presumir la baja incidencia, cuando no se sabe si en realidad son pocos los casos, o no existe cultura de la denuncia.
Por ahora, Petróleos Mexicanos está obligada a solicitar el refuerzo de la vigilancia, con mayor razón ahora que la competencia con los proveedores extranjeros de combustibles, les ha provocado un enorme boquete financiero que sin duda afectará sus inversiones, la infraestructura y hasta los sueldos para el personal.
