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Mordida institucional Manos libres
Partidas presupuestales sin fin, para premiar a trabajadores del Poder Legislativo, dan cuenta de la forma tan fácil en que los legisladores pueden saquear el erario público y repartirlo como su placer les dicta. El dinero ajeno y el gusto propio ajusta para todo lo que se les antoje, sin que alguna otra autoridad les haga verdadero contrapeso.
Del uso del dinero hay sobradas evidencias, que dan cuenta de un gasto a contentillo de los legisladores en turno y por igual, pueden invertir en implementos indispensables para legislar a su modo, tales como el pago de calzoncillos bóxer en un supermercado, o la compra de cervezas en un negocio de alitas de pollo rostizado y revolcado en exceso de sales, condimentos y aceites.
Con esos arranques de gastar en lujos, ¿con qué calidad moral pueden perseguir conductas delictivas o fraudes financieros como el que se avecina demostrar en la alcaldía capitalina, para el ya casi concluido periodo de Ricardo Gallardo? Es probable que con legisladores de ese perfil criminológico, nadie pueda dar una sacudida a los bolsillos de funcionarios capitalinos que se van, para sacarles lo que no demostraron como un gasto real en asuntos públicos.
Usar el dinero es cosa fácil para ellos. Basta con tomar una decisión, pasarla por el pleno del Congreso, o por una sesión secreta de una comisión legislativa específica y disponer de los recursos a través de depósitos o cheques para los fines financieros que al interesado convengan, no importa si se trata de acciones de asistencia social o de las ya muy muy conocidas y frecuentes, de fondear caprichos y pagos excesivos de los propios diputados o de empleados de confianza del Congreso del Estado.
Para muestra, se encuentra la programación de pagos excesivos para asesores, aviadores y personal de absoluta confianza de los legisladores, que no cumple mayor función productiva, únicamente con el pretexto del fin de la LXI Legislatura, aún y cuando ellos no crearon antigüedad en la relación contractual. Sí percibían pagos por trabajo temporal e incluso firmaban contrato cada tres meses, nada justifica un pago excesivo por el fin de la relación laboral.
Esa modalidad de mordida institucional del erario público, no está en esa ya muy desgastada imagen de un Congreso, cuya calidad moral se rompió con el descubrimiento de la ecuación corrupta, y el perdón a la sustracción ilegal de dinero para pagar a una falsa empresaria 60 millones de pesos por una inexistente compra de medicamentos de la alcaldía capitalina de Ricardo Gallardo Juárez.
Es preciso advertir que para la próxima Legislatura, Gallardo Juárez contará con protectores tales como algunos legisladores que por cierto no son emanados del Partido de la Revolución Democrática, pero que hasta esta fecha ostentan cargos con algunos nombres que parecen eufemismos, como aquel G-217 del Palacio Legislativo de San Lázaro, que sin duda guarda sus lealtades para una alcaldía que dejará graves problemas al sucesor, nieto del doctor Salvador Nava Martínez.
De esa triste memoria, se desprenden hechos que pudieran ser parte de una acuciosa revisión de la Secretaría de la Función Pública para calificar las irregularidades gallardistas, las de aquel ayuntamiento cuya cabeza llegó el primero de octubre de 2015 curándose en salud, e incluso presumiendo que privaría de la libertad por la vía legal a su antecesor para acabar con un negocio de luminarias que luego él mismo promovió, hasta con una solicitud de aumento presupuestal de 200 millones de pesos.
Mientras ello ocurre con la corrupción institucional, por el lado de la tarea legislativa, es importante mencionar uno de los muy pocos instantes de lucidez de los diputados que analizaron el caso para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Después de la revisión de la normatividad y de las propuestas de creación de las fiscalías especializadas, a fin de cuentas quedaron aprobadas la gran mayoría para su entrada en funciones a mediano plazo.
Partidas presupuestales sin fin, para premiar a trabajadores del Poder Legislativo, dan cuenta de la forma tan fácil en que los legisladores pueden saquear el erario público y repartirlo como su placer les dicta. El dinero ajeno y el gusto propio ajusta para todo lo que se les antoje, sin que alguna otra autoridad les haga verdadero contrapeso.
Del uso del dinero hay sobradas evidencias, que dan cuenta de un gasto a contentillo de los legisladores en turno y por igual, pueden invertir en implementos indispensables para legislar a su modo, tales como el pago de calzoncillos bóxer en un supermercado, o la compra de cervezas en un negocio de alitas de pollo rostizado y revolcado en exceso de sales, condimentos y aceites.
Con esos arranques de gastar en lujos, ¿con qué calidad moral pueden perseguir conductas delictivas o fraudes financieros como el que se avecina demostrar en la alcaldía capitalina, para el ya casi concluido periodo de Ricardo Gallardo? Es probable que con legisladores de ese perfil criminológico, nadie pueda dar una sacudida a los bolsillos de funcionarios capitalinos que se van, para sacarles lo que no demostraron como un gasto real en asuntos públicos.
Usar el dinero es cosa fácil para ellos. Basta con tomar una decisión, pasarla por el pleno del Congreso, o por una sesión secreta de una comisión legislativa específica y disponer de los recursos a través de depósitos o cheques para los fines financieros que al interesado convengan, no importa si se trata de acciones de asistencia social o de las ya muy muy conocidas y frecuentes, de fondear caprichos y pagos excesivos de los propios diputados o de empleados de confianza del Congreso del Estado.
Para muestra, se encuentra la programación de pagos excesivos para asesores, aviadores y personal de absoluta confianza de los legisladores, que no cumple mayor función productiva, únicamente con el pretexto del fin de la LXI Legislatura, aún y cuando ellos no crearon antigüedad en la relación contractual. Sí percibían pagos por trabajo temporal e incluso firmaban contrato cada tres meses, nada justifica un pago excesivo por el fin de la relación laboral.
Esa modalidad de mordida institucional del erario público, no está en esa ya muy desgastada imagen de un Congreso, cuya calidad moral se rompió con el descubrimiento de la ecuación corrupta, y el perdón a la sustracción ilegal de dinero para pagar a una falsa empresaria 60 millones de pesos por una inexistente compra de medicamentos de la alcaldía capitalina de Ricardo Gallardo Juárez.
Es preciso advertir que para la próxima Legislatura, Gallardo Juárez contará con protectores tales como algunos legisladores que por cierto no son emanados del Partido de la Revolución Democrática, pero que hasta esta fecha ostentan cargos con algunos nombres que parecen eufemismos, como aquel G-217 del Palacio Legislativo de San Lázaro, que sin duda guarda sus lealtades para una alcaldía que dejará graves problemas al sucesor, nieto del doctor Salvador Nava Martínez.
De esa triste memoria, se desprenden hechos que pudieran ser parte de una acuciosa revisión de la Secretaría de la Función Pública para calificar las irregularidades gallardistas, las de aquel ayuntamiento cuya cabeza llegó el primero de octubre de 2015 curándose en salud, e incluso presumiendo que privaría de la libertad por la vía legal a su antecesor para acabar con un negocio de luminarias que luego él mismo promovió, hasta con una solicitud de aumento presupuestal de 200 millones de pesos.
Mientras ello ocurre con la corrupción institucional, por el lado de la tarea legislativa, es importante mencionar uno de los muy pocos instantes de lucidez de los diputados que analizaron el caso para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Después de la revisión de la normatividad y de las propuestas de creación de las fiscalías especializadas, a fin de cuentas quedaron aprobadas la gran mayoría para su entrada en funciones a mediano plazo.
