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Problema policiaco Política y ley
Uno de los factores del repunte de la inseguridad en San Luis Potosí es la poca eficacia de la policía ante los criminales.
Y, a su vez, una de las causas de esta ineficacia es la sindicalización de un buen número de policías estatales a gremios estatales.
Pese a que la situación contraviene las normas que regulan las corporaciones policiacas del país, San Luis Potosí es una anomalía, pues al menos las dos últimas administraciones estatales no han tenido la voluntad, la fuerza, o las dos cosas, para evitarlo.
El problema fue reconocido por el gobernador Juan Manuel Carreras López en su pasada comparecencia ante el Congreso y, precisamente, la diputada Beatriz Benavente, advierte ahora las consecuencias negativas que tiene esta práctica.
La legisladora priista reprocha también a los sindicatos de la burocracia estatal de propiciar la afiliación de los agentes a sus organizaciones.
No es sólo por la defensa de los derechos laborales de los policías por lo que los sindicatos pugnan por incluirlos en sus filas. Tenerlos les da poder para presionar a las autoridades, negociar con ellas y, en última instancia, arrancarles beneficios a las autoridades.
En ese sentido, casi todas las organizaciones sindicales ya les tomaron la medida a la administración carrerista.
El problema ahora es que depurar las filas policiacas de elementos sindicalizados entrañara un gran costo económico, por las indemnizaciones, y político, por el enfrentamiento con los sindicatos, que seguramente no estarán dispuestos a ceder.
Ojalá que desde el Congreso se convierta en un instrumento de presión que empuje al gobierno estatal a lograr este fin, y que también se convierta en parte de la solución.
De los sindicatos, se esperaría sentido común y voluntad para dejar de lado sus intereses, pero la experiencia dicta que privaría lo contrario.
El gobierno estatal se libró de una gran bronca política, a costa de la legalidad.
El amago de linchamiento en Milpillas le dejó a la administración estatal la papa caliente de qué hacer con la decena de detenidos tras el rescate del profesor acusado de abuso de varios alumnos.
No era algo menor. Los agresores cometieron al menos dos delitos graves en su intento por hacer justicia por propia mano: intento de homicidio y agresión a las autoridades.
En estricto sentido, los detenidos deberían enfrentar todo el proceso judicial para definir si tienen o no una responsabilidad penal.
Pero el costo de hacerlo generaría un clima adverso para la autoridad en la comunidad, además de que dejaría encendida la mecha de un nuevo enfrentamiento.
Conveniencia política sobre legalidad. La elección fue difícil, pero al fin y al cabo, parece ser la más práctica y conveniente.
