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Desde 2016 a la fecha, alrededor de mil trabajadores de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) cobran en la institución, pero además reciben aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), denunciaron integrantes de la organización Cambio por San Luis.
De acuerdo con el organismo ciudadano, los burócratas que gozan de los beneficios magisteriales tienen cargos de coordinador, titular de área, director o jefe de departamento, pero además reciben Apoyo Técnico Pedagógico.
Los activistas señalaron que dichos beneficios violan la Ley General de Servicio Profesional Docente, pues la referida legislación expone que quien desempeñe un cargo en la función docente deberá separarse de sector gubernamental sin goce de sueldo.
"Por lo expuesto, exigimos que el personal docente, directivo y de supervisión que realiza funciones administrativas en la SEGE y los comisionados en la sección 26 del SNTE, regrese inmediatamente a su función que establece su nombramiento", señaló.
Aunado a ello, solicitaron información sobre el adeudo al sector educativo por alrededor de 5 mil millones de pesos, en diferentes niveles; aclarar irregularidades con los profesores jubilados y verificar la asignación de plazas.
Asimismo, plantearon la eliminación del cobro de las constancias en escuelas gubernamentales en los diferentes niveles.
De acuerdo con el organismo ciudadano, los burócratas que gozan de los beneficios magisteriales tienen cargos de coordinador, titular de área, director o jefe de departamento, pero además reciben Apoyo Técnico Pedagógico.
Los activistas señalaron que dichos beneficios violan la Ley General de Servicio Profesional Docente, pues la referida legislación expone que quien desempeñe un cargo en la función docente deberá separarse de sector gubernamental sin goce de sueldo.
"Por lo expuesto, exigimos que el personal docente, directivo y de supervisión que realiza funciones administrativas en la SEGE y los comisionados en la sección 26 del SNTE, regrese inmediatamente a su función que establece su nombramiento", señaló.
Aunado a ello, solicitaron información sobre el adeudo al sector educativo por alrededor de 5 mil millones de pesos, en diferentes niveles; aclarar irregularidades con los profesores jubilados y verificar la asignación de plazas.
Asimismo, plantearon la eliminación del cobro de las constancias en escuelas gubernamentales en los diferentes niveles.
