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Las autoridades educativas potosinas desdeñaron los intentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de conocer la situación del cumplimiento del derecho a una educación inclusiva en menores de edad y adolescentes con alguna discapacidad.
De acuerdo al “Informe Espacial sobre el estado que guarda el derecho a la educación en niñas, niños y adolescentes con discapacidad en México”, la institución enviò a las autoridades educativas de los 32 estados, un cuestionario para conocer la situación actual de ese tipo de educación.
La CNDH señala que ocho entidades, entre ellas San Luis Potosí, no proporcionaron ninguna respuesta. El documento no precisa si el cuestionario había sido enviado a la Secretaría de Educación Pública o al Sistema Educativo Estatal Regular.
Por esta negativa de las autoridades potosinas, la CNDH no pudo conocer aspectos como la erradicación de prácticas discriminatorias en los planteles, accesibilidad de los inmuebles educativos para alumnos con discapacidad y capacitación a docentes, madres y padres de familia en materia de discapacidad.
El documento señala que también se enviaron cuestionarios a familias de los alumnos con discapacidad en los estados, entre los que sí estuvieron personas de la entidad. Además, reveló que se visitó una primaria de Soledad, la Benito Juárez, y el Centro de Atención Múltiple Ovidio Decroly, de esta capital.
El estudio no hace un desglose de las respuestas de los encuestados en las entidades, por lo que no permite conocer las problemáticas que enfrentan
las instituciones.
Lo que sí evidencia es que en al menos dos casos de familias con menores de edad o adolescentes con discapacidad tienen que buscar atención fuera del estado. En un caso, deben acudir al Centro de Rehabilitación Integral Teletón, de Aguascalientes, y en el otro, a una institución de la Ciudad de México.
Como conclusiones generales de la situación de la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, se señala que el país carece de un plan integral de accesibilidad para esta comunidad, que no hay opciones de educación suficiente e incluso que hay problemas de logística, como el de transporte adecuado, para que esa población ejerza
su derecho.
