Desprotegidos en SLP, menores huérfanos por feminicidios

San Luis Potosí fue incluido por la Cámara de Diputados en una lista, donde existen dependencias estatales que no aplica el protocolo federal para la atención a menores en condición de orfandad por feminicidio.

Lo anterior quedó establecido en la exposición de motivos de una iniciativa presentada por la legisladora federal panista, Liliana Ortiz Pérez.

Pese a que está vigente desde 2019, el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio (NNAOF), la legisladora señala que en tres entidades, sus respectivas instancias de protección a menores de edad "negaron que el mecanismo sea parte de sus planes de atención por feminicidio".

Se trata de las de Aguascalientes, Quintana Roo y San Luis Potosí.

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Las entidades mencionadas están entre las 14 dependencias estatales, de las 32 que existen, en las que las fiscalías estatales "no activaron nunca el protocolo", debido a que no es obligatorio.    

El documento señala que "el mayor problema del protocolo es su falta de obligatoriedad para las autoridades de seguridad pública del país, quienes suelen ser los primeros respondientes en los casos de violencia. Los únicos forzados a usarlo son las procuradurías de protección. Pero éstas, en la mayoría de los casos, no reciben un llamado de las autoridades de seguridad, por lo que desconocen que deben intervenir".    

El documento establece que en 23 entidades existen unos cinco mil menores cuyas madres murieron a causa de un feminicidio, pero sólo 318 fueron protegidos por el protocolo.

La iniciativa de la legisladora del PAN busca, precisamente, que el protocolo se aplique en todo el país de manera obligada.