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Autoridades ejidales de La Palma, núcleo campesino del municipio de Tamuín, acudieron al Congreso del Estado para solicitar la intercesión de legisladores en en lo que se considera un caso de despojo de tierras y contaminación ambiental por parte de dos plantas termoeléctricas y una empresa cementera.
Los representantes del ejido fueron atendidos por el presidente de la Comisión del Agua, Mario Lárraga Delgado y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Pidieron la intervención del Congreso del Estado para que las autoridades federales, estatales y municipales prohíban el funcionamiento de las empresas y les restituyan las tierras y el agua que son de su propiedad, lamentando que durante años hayan sido ignorados y que "lo único que nos han dado son órdenes de aprehensión”.
El apoderado general Ernesto Vázquez Torres, acompañado de la presidente del comisariado ejidal Nora Elena González, así como de abogados y habitantes de la zona, señaló que en 1963 les fue expropiado por causa de utilidad pública un total de mil 266 hectáreas, con la intención de crear el corredor industrial de Tamuín.
"La verdad es que les fueron entregadas a empresarios estadounidenses para instalar dos termoeléctricas y después se expropiaron otras 800 hectáreas para la instalación de la empresa cementera, a fin de que pudiera extraer la piedra. Nunca hubo utilidad pública y se violaron los ordenamientos legales, al entregar a extranjeros las inversiones", explicó Vázquez Torres.
Denunció ademas que los desechos industriales van a parar al rio Tampaón: “Están derrochando toda el agua cuando nosotros no tenemos en las casas, pero además la contaminan, hay casos de cáncer y de otras enfermedades, pero ninguna autoridad nos escucha, es la primera vez que el Congreso del Estado nos abre sus puertas para que podamos exponer la problemática”.
