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Parece que el “boom” económico que vive el estado, impulsado en gran medida por el crecimiento industrial, no es para todos.
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No se puede decir que la bonanza es generalizada cuando casi la quinta parte de los jóvenes del estado no tiene futuro.
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La revelación de que el 19 por ciento de los jóvenes potosinos de entre 15 y 24 años son considerados como “ninis” echa por tierra la visión de una economía y un entorno educativo incluyentes, que dan oportunidades para todos.
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Y como suele ocurrir en muchas otras problemáticas, las mujeres llevan la peor parte, siendo el sector mayoritario de personas afectadas por esta situación.
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Parece necesaria una revisión de las políticas educativas y laborales en la entidad, a fin de que, realmente, el discurso de inclusión laboral y educativa esté de acuerdo con la realidad.
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El Congreso del Estado aceptó que la represupuestación de 3.7 millones de pesos para echar a andar a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia no ha entrado aún en las arcas legislativas, por lo que su uso para justificar el piso del cálculo del presupuesto 2019 es “artificial”.
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Esa cantidad no estaba aún en poder del Congreso cuando se dio a conocer la aspiración presupuestal para el año entrante. A estas fechas, ya lo está, debido a que la Auditoría Superior del Estado, obligada por la anterior Legislatura, debió costear el pago de la nómina de los funcionarios de la nueva unidad.
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Así, desde la óptica de la Junta de Coordinación Política, se disipa cualquier duda. Además, insiste en negar que un incremento pesupuestal para el año entrante.
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Pero quizá tal aumento simplemente se esté retrasando, por un detalle muy relevante.
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El convenio de transferencia de recursos de la ASE al Congreso que se hizo efectivo hace apenas unos días se acordó a mediados del año pasado, cuando se modificó la Ley de Fiscalización.
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Por cuestiones atribuibles al Congreso, la anterior Legislatura no lo hizo efectivo. La nueva apenas lo concretó, aduciendo “razones de orden técnico”.
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Del lado de la ASE, señalan que el convenio pudo hacerse efectivo desde el primer día, ignorando los motivos de la tardanza.
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De ahí sale otro dato de sumo interés: la cantidad entregada, es decir, los 3.7 millones de pesos, cubrirían la nómina del personal de la unidad sólo por el segundo semestre del año.
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De inicio, eran 6 los funcionarios previstos, pero a la fecha, sólo dos permanecen: el titular y la ex contralora de la ASE. No se sabe si se llegará al tope original de funcionarios.
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El caso es que el monto anual para el mantenimiento de la nómina de la UEyC podrían no ser 3.7 millones de pesos, sino el doble: 7.4 millones.
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Se ignora, aunque suena remoto, que el Congreso acepte cargar con ese gasto extra. Lo que sería más probable es que, al momento que se requiera en 2019, se prepare una represupuestación para parchar ese hueco presupuestal.
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¡HASTA MAÑANA!
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No se puede decir que la bonanza es generalizada cuando casi la quinta parte de los jóvenes del estado no tiene futuro.
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La revelación de que el 19 por ciento de los jóvenes potosinos de entre 15 y 24 años son considerados como “ninis” echa por tierra la visión de una economía y un entorno educativo incluyentes, que dan oportunidades para todos.
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Y como suele ocurrir en muchas otras problemáticas, las mujeres llevan la peor parte, siendo el sector mayoritario de personas afectadas por esta situación.
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Parece necesaria una revisión de las políticas educativas y laborales en la entidad, a fin de que, realmente, el discurso de inclusión laboral y educativa esté de acuerdo con la realidad.
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El Congreso del Estado aceptó que la represupuestación de 3.7 millones de pesos para echar a andar a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia no ha entrado aún en las arcas legislativas, por lo que su uso para justificar el piso del cálculo del presupuesto 2019 es “artificial”.
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Esa cantidad no estaba aún en poder del Congreso cuando se dio a conocer la aspiración presupuestal para el año entrante. A estas fechas, ya lo está, debido a que la Auditoría Superior del Estado, obligada por la anterior Legislatura, debió costear el pago de la nómina de los funcionarios de la nueva unidad.
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Así, desde la óptica de la Junta de Coordinación Política, se disipa cualquier duda. Además, insiste en negar que un incremento pesupuestal para el año entrante.
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Pero quizá tal aumento simplemente se esté retrasando, por un detalle muy relevante.
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El convenio de transferencia de recursos de la ASE al Congreso que se hizo efectivo hace apenas unos días se acordó a mediados del año pasado, cuando se modificó la Ley de Fiscalización.
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Por cuestiones atribuibles al Congreso, la anterior Legislatura no lo hizo efectivo. La nueva apenas lo concretó, aduciendo “razones de orden técnico”.
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Del lado de la ASE, señalan que el convenio pudo hacerse efectivo desde el primer día, ignorando los motivos de la tardanza.
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De ahí sale otro dato de sumo interés: la cantidad entregada, es decir, los 3.7 millones de pesos, cubrirían la nómina del personal de la unidad sólo por el segundo semestre del año.
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De inicio, eran 6 los funcionarios previstos, pero a la fecha, sólo dos permanecen: el titular y la ex contralora de la ASE. No se sabe si se llegará al tope original de funcionarios.
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El caso es que el monto anual para el mantenimiento de la nómina de la UEyC podrían no ser 3.7 millones de pesos, sino el doble: 7.4 millones.
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Se ignora, aunque suena remoto, que el Congreso acepte cargar con ese gasto extra. Lo que sería más probable es que, al momento que se requiera en 2019, se prepare una represupuestación para parchar ese hueco presupuestal.
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¡HASTA MAÑANA!
