Busca PVEM que la nueva o nuevo fiscal sea por más de 7 años

Por interpretación de los legisladores, la nueva o nuevo Fiscal General del Estado (FGE) ocupará el cargo por un periodo completo de siete años.

En Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, las y los diputados recibieron y aprobaron la terna presentada por el Poder Ejecutivo para la elección de la próxima o próximo titular de la FGE.

Los diputados Alejandro Leal Tovías, Edmundo Torrescano Medina y José Luis Fernández Martínez, discutieron la controversia en torno a la temporalidad por la que ocupará el puesto el nuevo titular, pues con la renuncia de José Luis Ruiz Contreras como Fiscal, quedaría inconcluso el periodo original donde él mismo entró como suplente de Federico Garza Herrera, cuyo periodo concluiría apenas en octubre de este año. Después habría que elegir a otro fiscal por el periodo constitucional. 

Si bien, el artículo 122 bis de la Constitución local señala que a falta del Fiscal se elegirá el suplente que tome su lugar, consideraron que es una disposición abierta a interpretaciones distintas.

Definieron en la idea de que sería lo más congruente aprovechar la terna presentada "con excelentes perfiles" para elegir a la próxima o próximo fiscal que ocupe el puesto por un periodo completo y no sólo por cuatro meses, para garantizar la continuidad y estabilidad del trabajo.

Leal Tovías precisó que él está a favor de la terna y de la sustitución, sin embargo, dejó a los diputados la "reflexión" con respecto a la disposición constitucional que ellos mismos reformaron en 2023 y argumentó, secundado por Torrescano Medina, que simplemente debían ser cuidadosos para fundamentar esta elección.

El diputado José Luis Fernández Martínez señaló que están dispuestos a enfrentar las consecuencias políticas que está decisión pueda tener en un futuro, por ejemplo, que se interponga in juicio político en contra de la actual Legislatura por considerar que se violó la Constitución.

Aseguró que el Congreso tiene la posibilidad de tomar está decisión y que "no tiene problema" para enfrentar los procesos jurisdiccionales necesarios, en caso de que los haya.