Diputados aprueban "Ley Gobernadora"

En 2027, San Luis Potosí elegirá por primera vez a su próxima gobernadora en una contienda en la que únicamente podrán participar mujeres. La decisión fue tomada este domingo por el Congreso del Estado, que aprobó una reforma electoral en medio de una votación dividida entre las distintas bancadas.

Con 19 votos a favor y ocho en contra, las y los legisladores avalaron los cambios propuestos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Morena votó en bloque contra la iniciativa, al igual que los diputados panistas Rubén Guajardo Barrera y Marcelino Rivera Hernández.

La reforma modifica tanto la Constitución local como la Ley Electoral del Estado y establece la alternancia obligatoria de género en la candidatura a la gubernatura. El argumento central es reducir la brecha histórica que ha limitado el acceso de las mujeres a los cargos de mayor poder político en la entidad.

Tras concluir la sesión, un grupo de manifestantes se congregó a las afueras del Congreso del Estado para expresar su inconformidad con la reforma aprobada. Entre consignas y pancartas, se escucharon frases como: "Mejor que se quite la banda y se la ponga directamente a su mujer" y "No estamos en contra de la paridad, estamos en contra del nepotismo", en alusión a la senadora del Partido Verde Ecologista de México, Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

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Además del componente de género, el dictamen incorpora cambios operativos al sistema electoral. Entre ellos, se establece que el proceso electoral iniciará el 15 de noviembre del año previo a la jornada comicial; se autoriza el pago a quienes integren las comisiones distritales y los comités municipales, y se refuerzan los procedimientos para sustituir o revocar nombramientos.

También se contemplan ajustes orientados a agilizar la logística electoral, como el manejo de boletas y los sistemas de resultados, así como nuevas atribuciones vinculadas a la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.

Otro de los puntos aprobados obliga a los partidos políticos a destinar al menos el cinco por ciento de su financiamiento público a la capacitación y formación política, con énfasis en personas con discapacidad y de la diversidad sexual. Al tratarse de una reforma constitucional, el decreto deberá ser enviado a los 59 ayuntamientos del estado para su validación, como parte del proceso legislativo correspondiente.