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Como “un atentado a la soberanía de los estados y a la democracia misma” calificó la consejera presidente del Ceepac, Laura Elena Fonseca Leal, la propuesta morenista de desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de todo el país, afirmando que no son éstos los que han elevado el costo del voto.
Dijo que cualquier intento de centralizar la organización de las elecciones pasaría por alto las particularidades de cada región y negaría el principio de que el municipio es la base de todo el sistema político mexicano y, por ende, del régimen democrático.
“Gracias a este sistema, en cada elección son los habitantes de cada municipio los que eligen a sus propios representantes, dando certeza a todo el proceso. Este nivel de cercanía no se lograría con un órgano centralizado a nivel federal”, añadió.
La presidenta consejera reconoció que el sufragio sí es caro (alrededor de 527 pesos por voto), pero aseguró que no son los OPLEs quienes han provocado esto, sino decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE).
“El costo del voto es el costo de la desconfianza, y en este sentido se ha gastado mucho en sistemas de recolección de los sufragios o en llevar el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) a localidades muy pequeñas cuyos resultados no son significativos para el total de un resultado”, explicó.
Se le preguntó si los programas de austeridad de los OPLEs pueden bajar el costo del voto en el país, a lo que respondió que “difícilmente, pues lo que logramos ahorrar beneficia al Gobierno del Estado, que es de donde sale nuestro presupuesto, no así a la Federación”.
Algo en lo que quizás sí se pudiera lograr un ahorro, sería en estandarizar los sueldos y los presupuestos para todos los organismos electorales del país, estado por estado, los cuales, hasta ahora, son bastante desiguales.
En caso de que la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se apruebe, en San Luis Potosí se tendría que liquidar a unos 85 trabajadores del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, algunos de los cuales ya han acumulado 27 años de derechos laborales y de prestaciones.
Además, dijo, “el edificio que ocupa el Ceepac y otros bienes son patrimonio estatal, que es lo que tal vez no se ha entendido allá en el Congreso de la Unión: Que los OPLEs no le cuestan a la Federación, sino a los estados”.
