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De 2011 a 2016, se contabilizan 61 personas desaparecidas en San Luis Potosí, de las cuales la mayoría son jóvenes de 19 a 29 años de edad, reveló hace unos en el Informe Especial 2016 sobre la situación de los derechos humanos de acceso a la justicia, a la verdad y a una investigación efectiva, en relación con personas desaparecidas o no localizadas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El documento presentado en ese entonces frente académicos, familias de personas no localizadas y sociedad en general, explica que de 37 expedientes en los que da seguimiento contabilizó a 51 personas desaparecidas en territorio potosino, 38 varones y 13 mujeres.
Sin embargo, suma a otras 10 personas que son originarias de San Luis Potosí y que, según los datos proporcionados por los familiares, desaparecieron en otro estado de la República Mexicana.
Las municipalidades con mayor incidencia en desapariciones son: San Luis Potosí con 24 personas, Huehuetlán con 7 personas, Rioverde con 4 personas, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles con 3 personas cada uno; Coxcatlán y Tamuín con 2 casos respectivamente.
El caso Pirasol
Mientras que en 2014 la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero provocó la conmoción del país, el 15 de marzo de 2010, un autobús de la línea "Pirasol" con 29 jornaleros partió del municipio de Xilitla con dirección al municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, sin embargo, nunca llegó a su destino y todavía en la actualidad se desconoce la ubicación de las pasajeros.
Según los relatos dados a la prensa, tras la denuncia presentada en su momento por los familiares de los desaparecidos, tiempo después fue encontrada la unidad motora pero sin ningún rastro de los tripulantes.
El asunto es indagado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí.
Torancistas en el olvido
El 12 de octubre de 2009, familiares de cuatro jóvenes presentaron varias denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por la desaparición de sus hijos Moisés Gámez Almanza, Luis Francisco Medina Rodríguez, Julio César Coronado Noriega y Marco Antonio Coronado Castillo.
La información proporcionada en ese entonces por las familias a la institución investigadora, expuso que desaparecieron cuando salían de una fiesta de XV años en un antro sobre la avenida José de Gálvez, ubicado en la colonia Jardines de Oriente de la capital potosina el 9 de octubre de 2009.
Los jóvenes fueron en 2009 integrantes de la campaña proselitista del entonces candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Toranzo Fernández, quien meses después resulto gobernador electo.
Han pasado casi 10 años del suceso y todavía no se sabe de la ubicación de los jóvenes. La CEDH ya emitió la Recomendación 31/2015 a la PGJE, debido a la dilación y omisión en la investigación.
Desaparición forzada en gobierno municipal gallardista
El 24 de abril de 2013 -en el gobierno del perredista Ricardo Gallardo Cardona-, un joven de 23 años de edad –aún desaparecido- fue detenido en el Andador de la Rosa y Cedro de la colonia Praderas del Maurel, por policías soledenses debido a supuestamente reñir en la vía pública e intoxicación con mariguana, quienes lo pusieron a disposición del Juez Calificador en la barandilla municipal, ubicada en la colonia Pavón.
Al acudir los familiares del muchacho, el juez afirmó que su familiar fue puesto en libertad en esa misma fecha y entregado a un primo de apellido “Hernández”, quien había pagado la multa.
Por los hechos referidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 31/2015 al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, al acreditar que se trató de un caso de desaparición forzada.
“Se cuenta con elementos que entrelazados de manera concatenada permiten evidenciar la desaparición forzada del joven, vulnerándose con ello los derechos a la libertad personal, integridad y seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica y a un trato digno”, sentencia la indagatoria del organismo autónomo nacional.
Obligados a servir para vivir
De acuerdo con el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C., algunas de las desapariciones en la Región Huasteca se debieron a células delictivas que ingresan al estado por Tamaulipas y Veracruz, y que establecieron leva forzada o reclutamiento de muchachos en aras de utilizarlos como “carne de cañón”.
La Organización no gubernamental (ONG) creada por familiares de potosinos desaparecidos en la citada zona, a partir de la pérdida de sus seres amados, existen testimonios documentados de víctimas en algunos municipios huastecos, donde se ubicaban casas para contratar jóvenes y que laborarán en determinado empleo, sin embargo, al lugar arribaban criminales para llevárselos.
Este organismo de la sociedad auxilia, asesora y da seguimiento a alrededor de 60 familias en la Zona Huasteca, quienes padecen por la desaparición de poco más de 100 familiares en los últimos años.
En la conmemoración del “Día Internacional de la Juventud”, hoy 12 de agosto, de los 500 homicidios registrados en San Luis Potosí en 2017, en 430 casos las víctimas fueron personas de 15 a 29 años de edad, revelaron datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El documento presentado en ese entonces frente académicos, familias de personas no localizadas y sociedad en general, explica que de 37 expedientes en los que da seguimiento contabilizó a 51 personas desaparecidas en territorio potosino, 38 varones y 13 mujeres.
Sin embargo, suma a otras 10 personas que son originarias de San Luis Potosí y que, según los datos proporcionados por los familiares, desaparecieron en otro estado de la República Mexicana.
Las municipalidades con mayor incidencia en desapariciones son: San Luis Potosí con 24 personas, Huehuetlán con 7 personas, Rioverde con 4 personas, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles con 3 personas cada uno; Coxcatlán y Tamuín con 2 casos respectivamente.
El caso Pirasol
Mientras que en 2014 la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero provocó la conmoción del país, el 15 de marzo de 2010, un autobús de la línea "Pirasol" con 29 jornaleros partió del municipio de Xilitla con dirección al municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, sin embargo, nunca llegó a su destino y todavía en la actualidad se desconoce la ubicación de las pasajeros.
Según los relatos dados a la prensa, tras la denuncia presentada en su momento por los familiares de los desaparecidos, tiempo después fue encontrada la unidad motora pero sin ningún rastro de los tripulantes.
El asunto es indagado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí.
Torancistas en el olvido
El 12 de octubre de 2009, familiares de cuatro jóvenes presentaron varias denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por la desaparición de sus hijos Moisés Gámez Almanza, Luis Francisco Medina Rodríguez, Julio César Coronado Noriega y Marco Antonio Coronado Castillo.
La información proporcionada en ese entonces por las familias a la institución investigadora, expuso que desaparecieron cuando salían de una fiesta de XV años en un antro sobre la avenida José de Gálvez, ubicado en la colonia Jardines de Oriente de la capital potosina el 9 de octubre de 2009.
Los jóvenes fueron en 2009 integrantes de la campaña proselitista del entonces candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Toranzo Fernández, quien meses después resulto gobernador electo.
Han pasado casi 10 años del suceso y todavía no se sabe de la ubicación de los jóvenes. La CEDH ya emitió la Recomendación 31/2015 a la PGJE, debido a la dilación y omisión en la investigación.
Desaparición forzada en gobierno municipal gallardista
El 24 de abril de 2013 -en el gobierno del perredista Ricardo Gallardo Cardona-, un joven de 23 años de edad –aún desaparecido- fue detenido en el Andador de la Rosa y Cedro de la colonia Praderas del Maurel, por policías soledenses debido a supuestamente reñir en la vía pública e intoxicación con mariguana, quienes lo pusieron a disposición del Juez Calificador en la barandilla municipal, ubicada en la colonia Pavón.
Al acudir los familiares del muchacho, el juez afirmó que su familiar fue puesto en libertad en esa misma fecha y entregado a un primo de apellido “Hernández”, quien había pagado la multa.
Por los hechos referidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 31/2015 al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, al acreditar que se trató de un caso de desaparición forzada.
“Se cuenta con elementos que entrelazados de manera concatenada permiten evidenciar la desaparición forzada del joven, vulnerándose con ello los derechos a la libertad personal, integridad y seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica y a un trato digno”, sentencia la indagatoria del organismo autónomo nacional.
Obligados a servir para vivir
De acuerdo con el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C., algunas de las desapariciones en la Región Huasteca se debieron a células delictivas que ingresan al estado por Tamaulipas y Veracruz, y que establecieron leva forzada o reclutamiento de muchachos en aras de utilizarlos como “carne de cañón”.
La Organización no gubernamental (ONG) creada por familiares de potosinos desaparecidos en la citada zona, a partir de la pérdida de sus seres amados, existen testimonios documentados de víctimas en algunos municipios huastecos, donde se ubicaban casas para contratar jóvenes y que laborarán en determinado empleo, sin embargo, al lugar arribaban criminales para llevárselos.
Este organismo de la sociedad auxilia, asesora y da seguimiento a alrededor de 60 familias en la Zona Huasteca, quienes padecen por la desaparición de poco más de 100 familiares en los últimos años.
En la conmemoración del “Día Internacional de la Juventud”, hoy 12 de agosto, de los 500 homicidios registrados en San Luis Potosí en 2017, en 430 casos las víctimas fueron personas de 15 a 29 años de edad, revelaron datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
