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El Congreso del Estado, a través de su Comisión de Gobernación, analiza ocho solicitudes de juicio político para establecer si reúnen el sustento jurídico necesario y así dictaminar su procedencia o rechazo, reconociendo que en la mayoría de los casos presentados antes, se identificaron intereses políticos que deberían ser resueltos por otras instancias y no por el Poder Legislativo.
El presidente de la citada Comisión, Martín Juárez Córdova, destacó la importancia de analizar a fondo cada una de las solicitudes de juicio político, pues independientemente de que se debe proteger el manejo de los datos personales, también se debe analizar si existen los elementos que establecen las causales dentro de la legislación en esta materia.
El legislador explicó que de acuerdo a la legislación, son sujetos de esta Ley los servidores públicos a que se refiere el artículo 126, de la Constitución Política del Estado; el Gobernador del Estado, los diputados, magistrados y consejeros de la Judicatura, así como los jueces de Primera Instancia; los secretarios de despacho, el Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, el Fiscal Especializado en Delitos en Materia Electoral, los subsecretarios, directores generales, o sus equivalentes de las dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales, los titulares de los organismos constitucionales autónomos, el auditor o auditora Superior del Estado, y los presidentes municipales, regidores y síndicos.
Juárez Córdova también señaló que de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Juicio Político, y en base a las causales, “es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, redunden en perjuicio de los intereses público fundamentales, o de su buen despacho.
