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El retraso en el nombramiento de un nuevo fiscal Anticorrupción en San Luis Potosí se debe, principalmente, a que el Poder Ejecutivo estatal no ha enviado al Congreso la terna de candidatos sobre la cual las y los diputados puedan elegir al funcionario.
“Si bien el Congreso tiene un plazo de 30 días hábiles para realizar esta elección, lo cierto es que ese plazo inicia en el momento en que se recibe la propuesta de parte del Gobernador, lo cual no ha sucedido hasta ahora”, explicó el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el diputado local por el Partido Acción Nacional, Rubén Guajardo Barrera.
Apenas ayer en este mismo medio, se publicó un informe de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que señala a San Luis Potosí como una de las entidades más atrasadas del país en la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, entre otras razones, por la ausencia de un titular de la Fiscalía Anticorrupción.
El anterior fiscal, Jorge Alejandro Vera Noyola, desempeñó el cargo de enero del 2018 hasta el 31 de enero de este, 2020, cuando renunció argumentando que tenía “motivos personales”.
El Congreso potosino formalizó la aceptación de su renuncia hasta el 17 de febrero siguiente y, desde entonces, el Poder Legislativo sigue a la espera de que el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, envíe la terna de candidatos.
Legalmente, manifestó el diputado Guajardo Barrera, “no hay forma de obligar al Ejecutivo a que concrete esa terna. Sólo queda proponer puntos de acuerdo que lleven al Congreso a exhortarlo para que actúe en consecuencia y esto se destrabe”.
