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Las mujeres abortan, a pesar de la penalización y “criminalización” del aborto en la entidad, advirtió Urenda Queletzú Navarro Sánchez, académica del Posgrado de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP.
El 4 de junio pasado, el colectivo “La Colegia de Themis” reveló que desde el año pasado y en lo que va de 2018, ha brindado asesoramiento y canalización a poco más de 50 mujeres potosinas para que interrumpan su embarazo,
La organización civil detalló que las asesorías fueron a féminas desde los 21 años hasta los 38 años de edad, quienes son estudiantes, profesionistas, madres solteras o mujeres casadas.
Para la profesora-investigadora de la UASLP, los datos del colectivo feminista evidencia que las condiciones para elegir o no ser madre en el Estado, no se hacen ni otorgan de manera libre.
Sentenció que no se puede criminalizar a las potosinas, cuando no hay acceso ni reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Creo que sería de las primeras ausencias”, remarcó.
“Sin duda creo, que el acompañamiento y las redes de apoyo entre mujeres, son una clara muestra de que con todo y la penalización y criminalización del aborto, las mujeres abortamos”, declaró Urenda Queletzú Navarro.
Según el Código Penal del Estado, en el Artículo 148 señala que: “A la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización”.
Sin embargo, en el Artículo 150 acota que es excluyente:
“Aquélla que sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada; el embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida; de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora”.
