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Sobre los cuerpos de las mujeres violentadas por los militares o el crimen organizado, se inscriben “políticas territoriales” en razón de una guerra de baja intensidad que ha sido silenciada en el país, adujo Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora-investigadora de la Facultad de Derecho de la UASLP.
Sostuvo que como consecuencia de la militarización en la vía pública, se genera el despliegue de políticas de territorialidad tanto del estado, a través del ejército, como del crimen organizado, combate que impacta de forma diferenciada en el cuerpo de las féminas.
Valoró lo anterior luego que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 09/2018, donde revela que una mujer, pareja de un presunto integrante del narcotráfico, fue obligada a practicarles sexo oral a los soldados, y además fue torturada.
Navarro Sánchez argumentó que los referidos hechos, son una forma de enviar un mensaje a la delincuencia organizada sobre qué hacen con las féminas relacionados a estos grupos criminales.
A su vez, indicó que surge el revanchismo de los criminales, quienes someten a las mujeres de otros grupos antagónicos a actos de extrema violencia cuando las asesinan. “Esas narrativas corporales nos están enunciando, que sobre los cuerpos de las mujeres se inscriben políticas territoriales en razón de una guerra que ha sido silenciada en nuestro país”.
La académica recalcó que la presencia militar en las calles, obedece a un fenómeno que se ha intentado invisibilizar, como es una guerra de baja intensidad a lo largo de la República Mexicana.
Enfatizó que dicha política pública de seguridad ha permeado a nivel de las policías locales de los ayuntamientos, pues en los últimos años se han nombrado a mandos militarizados al frente de las corporaciones de policía municipal.
“La militarización tiene un impacto crucial en términos de la violencia que se ejerce contra las mujeres, y no solo está probado en esto casos, sino también en los recientes hechos que fueron motivo de controversia de la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) por el caso de Atenco”, recordó.
Sostuvo que como consecuencia de la militarización en la vía pública, se genera el despliegue de políticas de territorialidad tanto del estado, a través del ejército, como del crimen organizado, combate que impacta de forma diferenciada en el cuerpo de las féminas.
Valoró lo anterior luego que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 09/2018, donde revela que una mujer, pareja de un presunto integrante del narcotráfico, fue obligada a practicarles sexo oral a los soldados, y además fue torturada.
Navarro Sánchez argumentó que los referidos hechos, son una forma de enviar un mensaje a la delincuencia organizada sobre qué hacen con las féminas relacionados a estos grupos criminales.
A su vez, indicó que surge el revanchismo de los criminales, quienes someten a las mujeres de otros grupos antagónicos a actos de extrema violencia cuando las asesinan. “Esas narrativas corporales nos están enunciando, que sobre los cuerpos de las mujeres se inscriben políticas territoriales en razón de una guerra que ha sido silenciada en nuestro país”.
La académica recalcó que la presencia militar en las calles, obedece a un fenómeno que se ha intentado invisibilizar, como es una guerra de baja intensidad a lo largo de la República Mexicana.
Enfatizó que dicha política pública de seguridad ha permeado a nivel de las policías locales de los ayuntamientos, pues en los últimos años se han nombrado a mandos militarizados al frente de las corporaciones de policía municipal.
“La militarización tiene un impacto crucial en términos de la violencia que se ejerce contra las mujeres, y no solo está probado en esto casos, sino también en los recientes hechos que fueron motivo de controversia de la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) por el caso de Atenco”, recordó.
