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Para que se pueda publicar la declaración de intereses de los funcionarios públicos, se debe contar con un formato especial aprobado por el Sistema Estatal Anticorrupción, sin embargo la última reunión en donde se iba a nombrar el secretario técnico no se llevó a cabo por lo que no se cuenta aún con las formas requeridas para el trámite señaló la comisionada presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), Paulina Sánchez Pérez del Pozo.
Sin embargo, dijo en entrevista, no existe ningún fundamento para que los funcionarios no hagan pública la declaración patrimonial y fiscal, como se ha detectado en el caso de algunos legisladores y magistrados potosinos.
“En esos dos temas sí tendrían que estar publicadas las declaraciones de todos los servidores públicos conforme a lo que la ley marca”, señaló la funcionaria.
Por otra parte, Sánchez Pérez del Pozo manifestó que la verificación que se realiza en el transcurso de este año se dividió en tres bloques, ya que son 264 sujetos obligados, explicó que la revisión que actualmente se realiza desde diciembre del 2017 para la mayoría.
“Las verificaciones están en el último proceso, se hace una primera verificación , si no cumple con el 80% se le dan 20 días para que suban su nivel al mínimo aprobatorio y lo que tienen más de 80 se les invita para que lleguen al cien por ciento, después se vuelve a hacer otra verificación, si vuelven a salir con menos del 80% se les dan cinco días más para subsanar las deficiencias y en el momento en que pasan esos 5 días podemos hacer la tercera verificación y ahí si salen con menos de 80% se van a medida de apremio”, dijo.
Explicó que será la próxima semana en donde posiblemente se den a conocer los sujetos obligados que serán susceptibles a medidas de apremio tras realizar una revisión a un mes determinado que podría ser diciembre de 2017.
Sin embargo, dijo en entrevista, no existe ningún fundamento para que los funcionarios no hagan pública la declaración patrimonial y fiscal, como se ha detectado en el caso de algunos legisladores y magistrados potosinos.
“En esos dos temas sí tendrían que estar publicadas las declaraciones de todos los servidores públicos conforme a lo que la ley marca”, señaló la funcionaria.
Por otra parte, Sánchez Pérez del Pozo manifestó que la verificación que se realiza en el transcurso de este año se dividió en tres bloques, ya que son 264 sujetos obligados, explicó que la revisión que actualmente se realiza desde diciembre del 2017 para la mayoría.
“Las verificaciones están en el último proceso, se hace una primera verificación , si no cumple con el 80% se le dan 20 días para que suban su nivel al mínimo aprobatorio y lo que tienen más de 80 se les invita para que lleguen al cien por ciento, después se vuelve a hacer otra verificación, si vuelven a salir con menos del 80% se les dan cinco días más para subsanar las deficiencias y en el momento en que pasan esos 5 días podemos hacer la tercera verificación y ahí si salen con menos de 80% se van a medida de apremio”, dijo.
Explicó que será la próxima semana en donde posiblemente se den a conocer los sujetos obligados que serán susceptibles a medidas de apremio tras realizar una revisión a un mes determinado que podría ser diciembre de 2017.
