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Hace ya casi diez años que la situación de seguridad en la zona metropolitana de San Luis Potosí empeoró. Apenas a finales de 2007 las bandas de delincuencia comenzaban a plantear retos de mucho mayor peligrosidad para los cuerpos policiales. Por primera vez en la historia de San Luis Potosí era posible encontrar grupos de operación compleja cometiendo fechorías en pleno centro de la ciudad o contra personas de nivel muy alto.
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Dos años (2009) después y justo con las campañas electorales y con la llegada de nuevos ayuntamientos a la zona metropolitana de San Luis Potosí y en particular a Soledad de Graciano Sánchez, los problemas de inseguridad aumentaron a tal grado que los cuerpos policiales parecían permitir la libre operación de los grupos delincuenciales tanto de bajo como de alto impacto.
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Desde ese año, algunas autoridades rompieron la coordinación de la operatividad policial y permitieron el crecimiento exponencial de la delincuencia que alguna vez una persona involucrada en el arte de nombre Jesusa Rodríguez, advertía con frases populares que las propias autoridades permitían el avance de la delincuencia.
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No le faltaba razón, si consideramos que el gobierno de Fernando Toranzo en ese aspecto inició con fuerza en materia de seguridad y posteriormente y con el paso de los años se debilitó. Sin embargo, era frecuente la detención de oficiales de Seguridad Pública de Soledad de Graciano Sánchez por verse involucrados en hechos delictivos. Es obvio que no sólo el tejido de la seguridad pública se había roto si no que los propios policías participaban.
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No es gratuito que ese fenómeno que se reprodujo desde 2015 en la capital potosina, se haya convertido en uno de los principales reclamos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Su principal señalamiento es una policía que dejó de ser confiable y requiere de una profunda reforma operativa. Eso sí, los proyectos de militarización han causado polémica.
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Sin embargo, en tanto la nación discute el futuro de la seguridad sí es necesario tomar una medida de emergencia y por ello el anuncio del delegado regional en la zona metropolitana de San Luis Potosí Leonel Serrato Sánchez, en el sentido del refuerzo por lo que pudiera llegar hasta 500 elementos para el resguardo de la ciudad de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, este último, policía inoperante y en muchos aspectos aceleradamente poco confiable desde la llegada de Ricardo Gallardo a la alcaldía en 2009.
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Una Ley de Ingresos del gobierno estatal mucho más agresiva en la captación de los contribuyentes que paguen impuestos, es lo que entraría en operación el año próximo, tiempo en que la crisis podría dar un revés o si las decisiones son las acertadas, entonces tocará fondo. Otra vez y para no variar no es el padrón de contribuyentes lo que aumenta, sino la cantidad de dinero que a través de una búsqueda de ciudadanos causantes de impuestos del mismo giro, pretende recaudar la Secretaría de Finanzas.
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En todo el tiempo José Luis Ugalde Montes, el funcionario estatal presumió un inexistente superávit financiero, según otras dependencias, producto de ahorros y economías que tienen su origen en las puertas cerradas a ejercer un gasto mayor en algunas acciones del gobierno.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
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Dos años (2009) después y justo con las campañas electorales y con la llegada de nuevos ayuntamientos a la zona metropolitana de San Luis Potosí y en particular a Soledad de Graciano Sánchez, los problemas de inseguridad aumentaron a tal grado que los cuerpos policiales parecían permitir la libre operación de los grupos delincuenciales tanto de bajo como de alto impacto.
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Desde ese año, algunas autoridades rompieron la coordinación de la operatividad policial y permitieron el crecimiento exponencial de la delincuencia que alguna vez una persona involucrada en el arte de nombre Jesusa Rodríguez, advertía con frases populares que las propias autoridades permitían el avance de la delincuencia.
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No le faltaba razón, si consideramos que el gobierno de Fernando Toranzo en ese aspecto inició con fuerza en materia de seguridad y posteriormente y con el paso de los años se debilitó. Sin embargo, era frecuente la detención de oficiales de Seguridad Pública de Soledad de Graciano Sánchez por verse involucrados en hechos delictivos. Es obvio que no sólo el tejido de la seguridad pública se había roto si no que los propios policías participaban.
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No es gratuito que ese fenómeno que se reprodujo desde 2015 en la capital potosina, se haya convertido en uno de los principales reclamos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Su principal señalamiento es una policía que dejó de ser confiable y requiere de una profunda reforma operativa. Eso sí, los proyectos de militarización han causado polémica.
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Sin embargo, en tanto la nación discute el futuro de la seguridad sí es necesario tomar una medida de emergencia y por ello el anuncio del delegado regional en la zona metropolitana de San Luis Potosí Leonel Serrato Sánchez, en el sentido del refuerzo por lo que pudiera llegar hasta 500 elementos para el resguardo de la ciudad de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, este último, policía inoperante y en muchos aspectos aceleradamente poco confiable desde la llegada de Ricardo Gallardo a la alcaldía en 2009.
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Una Ley de Ingresos del gobierno estatal mucho más agresiva en la captación de los contribuyentes que paguen impuestos, es lo que entraría en operación el año próximo, tiempo en que la crisis podría dar un revés o si las decisiones son las acertadas, entonces tocará fondo. Otra vez y para no variar no es el padrón de contribuyentes lo que aumenta, sino la cantidad de dinero que a través de una búsqueda de ciudadanos causantes de impuestos del mismo giro, pretende recaudar la Secretaría de Finanzas.
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En todo el tiempo José Luis Ugalde Montes, el funcionario estatal presumió un inexistente superávit financiero, según otras dependencias, producto de ahorros y economías que tienen su origen en las puertas cerradas a ejercer un gasto mayor en algunas acciones del gobierno.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
