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Para no variar la tendencia, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado encabeza la lista de quejas en contra del personal de servicio público, por lo que los quejosos consideran violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de quejas que recaen sobre la responsabilidad de profesores en el ejercicio de su función. Las aulas representan el primer lugar en roces de profesores con padres de familia, que pueden derivarse de una actuación injusta o malentendido.
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Sin embargo, la sumatoria total de los expedientes abiertos en contra de los cuerpos policiales estatales por diversas quejas, superan esa cantidad. Los cuerpos policiales del estado y el área de administración de la justicia en materia penal, dan 191 quejas a la Fiscalía General y 154 para la Dirección de Prevención y Reinserción Social, más 119 de la Policía Ministerial y 79 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Resolver una queja puede tardar hasta décadas y basta recordar el caso de Enrique Rivera Bravo, cuyo asunto se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un homicidio de la entonces Dirección General de Protección Social y Vialidad, ocurrido el 29 de julio de 1999. Sus deudos aún no tienen acceso a la reparación del daño.
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Del récord de quejas, es preciso considerar que en un municipio específico y no es la capital, hay 35 quejas únicamente para la Dirección de Tránsito Municipal de Matehuala. Una cantidad tan alta de referencias a esa corporación da a entender que o está muy mal administrada, o son los propios jefes policiales quienes ordenan violar derechos humanos. El municipio de Matehuala supera con una queja a la capital potosina. Cabe precisar que las 34 quejas de SLP, en su inmensa mayoría se refiere nada menos que al periodo de Ricardo Gallardo como alcalde.
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El cambio de administración federal, contrajo la obligación de disminuir los problemas en la administración pública, pero a su vez de corregir los procesos. Le espera una enorme tarea para el caso de la delegación local del Instituto Mexicano del Seguro Social, que generó 34 quejas ante CEDH, que a su vez turnó esas denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su investigación y resolución.
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En la clasificación de quejas, es alarmante la cifra de 163 casos donde los servidores públicos violaron el principio de legalidad. Se trata de abusos de la administración pública, entre los que por supuesto incluye prestación indebida de servicio público en 128 casos y 85 detenciones arbitrarias, en las que son imputados cuerpos de seguridad pública. Entre los policías todavía hay gorilas, a decir de las 80 quejas por lesiones en el proceso de la actividad policial
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Y también como algo que parece ya no ser noticia, pero da cuenta de que las campañas electorales se basan en un discurso demagógico, legisladores representantes de todos los partidos políticos, que no tienen llenadera, acordaron incremento de 16% al presupuesto del Congreso del Estado. Parece ser que no están dispuestos a resolver el rezago legislativo si no les llegan los 82 millones 327 mil 717 presos que dicen necesitar para 2019.
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También irradia felicidad la Auditoría Superior del Estado que para 2019 se embolsará una cantidad de dinero que ya envidiaría cualquier institución dispuesta a hacer obra pública o a resolver los problemas de la quiebra técnica que dejaron servidores públicos que concluyeron su labor. Veamos si el incremento presupuestal inhibe el deseo de algunos diputados por obtener más dinero incluso de ecuaciones corruptas.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
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Sin embargo, la sumatoria total de los expedientes abiertos en contra de los cuerpos policiales estatales por diversas quejas, superan esa cantidad. Los cuerpos policiales del estado y el área de administración de la justicia en materia penal, dan 191 quejas a la Fiscalía General y 154 para la Dirección de Prevención y Reinserción Social, más 119 de la Policía Ministerial y 79 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Resolver una queja puede tardar hasta décadas y basta recordar el caso de Enrique Rivera Bravo, cuyo asunto se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un homicidio de la entonces Dirección General de Protección Social y Vialidad, ocurrido el 29 de julio de 1999. Sus deudos aún no tienen acceso a la reparación del daño.
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Del récord de quejas, es preciso considerar que en un municipio específico y no es la capital, hay 35 quejas únicamente para la Dirección de Tránsito Municipal de Matehuala. Una cantidad tan alta de referencias a esa corporación da a entender que o está muy mal administrada, o son los propios jefes policiales quienes ordenan violar derechos humanos. El municipio de Matehuala supera con una queja a la capital potosina. Cabe precisar que las 34 quejas de SLP, en su inmensa mayoría se refiere nada menos que al periodo de Ricardo Gallardo como alcalde.
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El cambio de administración federal, contrajo la obligación de disminuir los problemas en la administración pública, pero a su vez de corregir los procesos. Le espera una enorme tarea para el caso de la delegación local del Instituto Mexicano del Seguro Social, que generó 34 quejas ante CEDH, que a su vez turnó esas denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su investigación y resolución.
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En la clasificación de quejas, es alarmante la cifra de 163 casos donde los servidores públicos violaron el principio de legalidad. Se trata de abusos de la administración pública, entre los que por supuesto incluye prestación indebida de servicio público en 128 casos y 85 detenciones arbitrarias, en las que son imputados cuerpos de seguridad pública. Entre los policías todavía hay gorilas, a decir de las 80 quejas por lesiones en el proceso de la actividad policial
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Y también como algo que parece ya no ser noticia, pero da cuenta de que las campañas electorales se basan en un discurso demagógico, legisladores representantes de todos los partidos políticos, que no tienen llenadera, acordaron incremento de 16% al presupuesto del Congreso del Estado. Parece ser que no están dispuestos a resolver el rezago legislativo si no les llegan los 82 millones 327 mil 717 presos que dicen necesitar para 2019.
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También irradia felicidad la Auditoría Superior del Estado que para 2019 se embolsará una cantidad de dinero que ya envidiaría cualquier institución dispuesta a hacer obra pública o a resolver los problemas de la quiebra técnica que dejaron servidores públicos que concluyeron su labor. Veamos si el incremento presupuestal inhibe el deseo de algunos diputados por obtener más dinero incluso de ecuaciones corruptas.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
