A-AA+
El diputado Cándido Ochoa Rojas consideró que la legislación potosina debe incluir mecanismos y herramientas jurídicas que permitan controlar el gasto de las pensiones alimenticias destinadas a niños y niñas y así garantizar la correcta aplicación de los recursos aportados por el deudor.
Por ello, el legislador del Partido Verde presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado de San Luis Potosí para establecer que: “El acreedor o acreedores alimentarios, estarán obligados a rendir cuentas de la aplicación del dinero entregado por el deudor por concepto de alimentos; lo anterior, cuando así lo solicite el deudor”.
Esta reforma generará que la madre o el padre de los menores que lleve a cabo la administración de las cantidades asignadas a sus hijos a título de pensión alimenticia, rinda cuentas acerca del dinero otorgado por el deudor por concepto de pensión alimenticia; esto se justifica, si tomamos en consideración que en general, cualquier persona que administra bienes ajenos, está obligada a rendir cuentas de su gestión sea o no requerida.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada, se señala que la facultad de los menores a recibir alimentos es un derecho fundamental; el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones legales más, establecen que los niños y las niñas tienen el derecho a recibir alimentos, los cuales resultan indispensables para garantizar su desarrollo integral.
La propuesta de iniciativa, por lo pronto, será estudiada en comisiones para después pasar a votación del Pleno del Congreso del Estado.
