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La alianza inexistente Policías en la mira
Si algún término podría describir el estado de la alianza PRD y PAN en San Luis Potosí, inexistente sería una opción muy descriptiva.
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Ayer, dos representantes nacionales de los partidos que integran la alianza nacional estuvieron en San Luis: el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, y el dirigente nacional del PRD, Manuel Granados.
Ni contra el PRI ni contra Morena fueron ambos tan feroces como contra sus partidos.
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Corral estuvo en la llamada Marcha por la Paz, que intentó reforzar que el movimiento navista ahora está vinculado al PAN. El blanco de las críticas, desde luego, el gallardismo.
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Y en el bando contrario, Granados fustigó la “guerra sucia” achacada a la campaña de Xavier Nava y presumió la presunta ventaja imbatible del gallardismo sobre el PAN.
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Después de las acusaciones intercambiadas ayer, se aleja la posibilidad de que el candidato presidencial Ricardo Anaya tenga en San Luis Potosí un cierre de campaña.
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El Gobierno del Estado y el SUSTGE empiezan el ritual anual de la negociación salarial.
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No estaría de más que la usual opacidad que usualmente rodea estos eventos desaparezca.
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El monto del incremento, tanto asignado a sueldos como a las prestaciones, no suele ser revelado por las partes.
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Ojalá que este tipo de prácticas terminen en esta negociación.
Este 2018 no ha sido un buen año para la Policía Ministerial. Ayer, uno de sus elementos murió a manos de un compañero tras una discusión. El hecho ocurrió en San Martín Chalchicuautla.
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Una terrible situación, que no ha sido la única, por desgracia. Ayer, Reforma publicó como su nota principal un recuento de los agentes de las policías investigadoras de la Federación y de los gobiernos estatales. Con la muerte del de ayer, van 29 en todo el país.
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De ellos, cinco han sido potosinos. Las cuatro muertes previas fueron ejecuciones, a manos de desconocidos.
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Así, de la ola de violencia que está sacudiendo San Luis, nadie parece estar a salvo.
Esta semana se aprobó una restructuración de la Ley de Fiscalización del Estado. Las modificaciones realizadas fueron tantas que, prácticamente, se trata de una nueva Ley.
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Las modificaciones tendrán un costo económico, pero no lo pagará el Congreso, que aprobó la reforma.
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Será la Auditoría Superior del Estado la que se responsabilizará de lo económico. En los transitorios del decreto, se habla de uno de los cargos de la Unidad de Evaluación y Control, instancia creada como una virtual contraloría de la ASE,
La Auditoría deberá realizar las “adecuaciones presupuestarias necesarias” para transferir los recursos al Congreso del Estado.
De nuevo, el Congreso no pierde.
¡HASTA MAÑANA!
Si algún término podría describir el estado de la alianza PRD y PAN en San Luis Potosí, inexistente sería una opción muy descriptiva.
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Ayer, dos representantes nacionales de los partidos que integran la alianza nacional estuvieron en San Luis: el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, y el dirigente nacional del PRD, Manuel Granados.
Ni contra el PRI ni contra Morena fueron ambos tan feroces como contra sus partidos.
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Corral estuvo en la llamada Marcha por la Paz, que intentó reforzar que el movimiento navista ahora está vinculado al PAN. El blanco de las críticas, desde luego, el gallardismo.
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Y en el bando contrario, Granados fustigó la “guerra sucia” achacada a la campaña de Xavier Nava y presumió la presunta ventaja imbatible del gallardismo sobre el PAN.
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Después de las acusaciones intercambiadas ayer, se aleja la posibilidad de que el candidato presidencial Ricardo Anaya tenga en San Luis Potosí un cierre de campaña.
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El Gobierno del Estado y el SUSTGE empiezan el ritual anual de la negociación salarial.
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No estaría de más que la usual opacidad que usualmente rodea estos eventos desaparezca.
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El monto del incremento, tanto asignado a sueldos como a las prestaciones, no suele ser revelado por las partes.
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Ojalá que este tipo de prácticas terminen en esta negociación.
Este 2018 no ha sido un buen año para la Policía Ministerial. Ayer, uno de sus elementos murió a manos de un compañero tras una discusión. El hecho ocurrió en San Martín Chalchicuautla.
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Una terrible situación, que no ha sido la única, por desgracia. Ayer, Reforma publicó como su nota principal un recuento de los agentes de las policías investigadoras de la Federación y de los gobiernos estatales. Con la muerte del de ayer, van 29 en todo el país.
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De ellos, cinco han sido potosinos. Las cuatro muertes previas fueron ejecuciones, a manos de desconocidos.
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Así, de la ola de violencia que está sacudiendo San Luis, nadie parece estar a salvo.
Esta semana se aprobó una restructuración de la Ley de Fiscalización del Estado. Las modificaciones realizadas fueron tantas que, prácticamente, se trata de una nueva Ley.
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Las modificaciones tendrán un costo económico, pero no lo pagará el Congreso, que aprobó la reforma.
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Será la Auditoría Superior del Estado la que se responsabilizará de lo económico. En los transitorios del decreto, se habla de uno de los cargos de la Unidad de Evaluación y Control, instancia creada como una virtual contraloría de la ASE,
La Auditoría deberá realizar las “adecuaciones presupuestarias necesarias” para transferir los recursos al Congreso del Estado.
De nuevo, el Congreso no pierde.
¡HASTA MAÑANA!
