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El Congreso del Estado aprobó la gran mayoría de los 113 dictámenes de la Comisión de Vigilancia respecto a los informes presentados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), relativos a las cuentas públicas del ejercicio 2018.
Únicamente el dictamen correspondiente al Poder Judicial de Estado (PJE) y del Ayuntamiento de la capital quedaron sin el "visto bueno" del Poder Legislativo, por lo que fueron devueltos a la Comisión para que los modifique.
Desde tribuna, el diputado Rolando Hervert Lara, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), remarcó que el número de observaciones realizadas al Ayuntamiento de la capital representan casi la tercera parte (28 por ciento) de todo el universo de observaciones a cuentas en el estado, y son en su mayoría de la administración de Ricardo Gallardo Juárez.
Exigió "al Gobernador, a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, que den muestra de que quieren cambiar las cosas en San Luis Potosí", y apuntó que se requiere fiscalizar el 100 por ciento del uso de los recursos públicos, pues se requieren hechos, más que palabras, en el combate a la corrupción y la impunidad.
La sesión se volvió "maratónica" por la votación de cada uno de los 113 dictámenes, lo que provocó que diversos legisladores se ausentaran a ratos, y algunos dictámenes se aprobaron con apenas nueve votos a favor.
Diputados como Pedro César Carrizales y Beatriz Benavente Rodríguez no acudieron a la sesión de este jueves.
En el mismo paquete de dictámenes se aprobó la cuenta del municipio de Ébano pero del año 2016, al igual que la cuenta de Aquismón, responsabilidad de la actual secretaria general del PRI, Yolanda Cepeda, quien fue observada en cuanto al manejo de recursos federales por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Hubo dos casos, los dictámenes de Mexquitic de Carmona y San Nicolás Tolentino, que terminaron empatados en votación, por lo que se requirió una segunda vuelta para resolver.
Además de los 58 ayuntamientos, se aprobaron los dictámenes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y entes descentralizados y/o autónomos como la Universidad Autónoma (UASLP), la CEDH , el CEEPAC, la Cegaip y el Tribunal Electoral del Estado, entre otros.
Con independencia del aval emitido por el Congreso, la Auditoría Superior del Estado continúa el proceso de revisión a los entes auditables, los cuales, deberán solventar las observaciones emitidas en 60 días, divididos en dos periodos diferentes.
