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La Secretaría de Gobernación incluyó a San Luis Potosí entre las entidades que ante la pandemia de coronavirus, han establecido medidas que pueden restringir los derechos de la ciudadanía, entre ellos, los filtros sanitarios.
Lo anterior quedó establecido en el reporte “Observaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la emergencia sanitaria por COVID-19”, emitida por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob.
El documento revisa las acciones establecidas entre la segunda quincena de abril y todo el mes de mayo, en donde los gobiernos estatales, señala el documento, han adoptado medidas que “han rebasado sus facultades y han representado riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos”.
El potencial violatorio a estos derechos, explica la Segob, radica en la forma jurídica que han adoptado las sanciones establecidas y la ausencia de criterios en su aplicación.
La Segob detectó que las 32 entidades emitieron en el lapso estudiado, que comprende el último tramo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, 428 medidas restrictivas que implican restricciones a los derechos de los ciudadanos.
La Ciudad de México, con 43 acciones, Oaxaca, que registra 38 y Zacatecas, con 28, encabezan la lista.
En el caso de San Luis Potosí, la Segob detectó ocho acciones de este tipo, divididas en 4 tipos.
Las medidas cuestionadas aquí están relacionadas con la reducción de la movilidad, el establecimiento de filtros sanitarios, la imposición del cubrebocas como medida sanitaria y el cierre de accesos a algunos espacios públicos.
