Sigue en análisis, iniciativa de Ley de Movilidad
Mesas de trabajo elaboran un plan para crear ciclovías: diputada

La iniciativa de Ley de Movilidad en San Luis Potosí continúa en etapa de análisis con la participación de colectivos ciudadanos y autoridades estatales, informó la diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado.
La legisladora detalló que se han desarrollado mesas de trabajo con agrupaciones ciclistas y dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), con el propósito de integrar un plan que permita atender las necesidades actuales de vialidad en la capital potosina.
Explicó que uno de los ejes del proyecto es la posible implementación de ciclovías, para lo cual se contempla una revisión técnica de calles y avenidas que determine su viabilidad, buscando generar condiciones de mayor seguridad para los usuarios de este medio de transporte. En paralelo, el diputado local de Morena, Emilio Rosas Montiel, señaló que la propuesta conocida como "Ley Santi 2.0" ha sido enriquecida con aportaciones de colectivos, instituciones académicas y dependencias estatales, por lo que actualmente se encuentra en revisión por parte del Ejecutivo.
Indicó que la presentación formal de la iniciativa dependerá de los promoventes; sin embargo, consideró importante que el proceso avance durante 2026, a fin de evitar que el tema de movilidad se vea rezagado ante el inicio del próximo ciclo electoral.
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Como antecedente, la denominada "Ley Santi" fue presentada inicialmente entre febrero y abril de 2024, previo al arranque de la actual legislatura, como una propuesta impulsada por colectivos de movilidad tras un caso que evidenció la necesidad de garantizar condiciones seguras para peatones y ciclistas.
La iniciativa busca armonizar la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, reconociendo la movilidad como un derecho humano y priorizando a los usuarios más vulnerables de la vía. Desde entonces, ha sido objeto de ajustes y ampliaciones técnicas, dando paso a una versión fortalecida que integra la participación de al menos 11 dependencias estatales y diversos sectores académicos y sociales.
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