Sin apoyo, los colectivos de búsqueda

El Colectivo de Búsqueda Voz y Dignidad por los Nuestros SLP denunció que al menos dos sitios con hallazgos positivos de restos humanos, ubicados en Matehuala y Charcas, permanecen sin ser procesados por la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas debido a la falta de recursos materiales y humanos. Uno de estos predios fue reportado hace más de dos años, sin que hasta ahora se haya avanzado en su intervención forense.

La presidenta del colectivo, Edith Pérez, advirtió sobre las condiciones de abandono institucional en las que opera la Fiscalía, lo que ha frenado investigaciones señaladas tanto por colectivos como por autoridades. “Los Ministerios Públicos Especializados no tienen vehículo para trasladarse. Donde quiera que vamos a buscar, se les ponchan las llantas. Nada más hay un arqueólogo y un antropólogo. No hay un grupo multidisciplinario que nos acompañe en las búsquedas. Siempre estamos batallando”, expuso.

Uno de los casos más graves es el del predio localizado en Matehuala, donde se confirmó un hallazgo positivo, pero el sitio nunca fue procesado a fondo por personal pericial. “Cuando se fue, nada más se recabó lo superficial y siempre queda para después. Pero nos cambian a cada rato al MP, están rebasados totalmente”, añadio la activista.

Recientemente, se canceló una intervención programada porque la Fiscalía no completó los trámites necesarios, a pesar de que la búsqueda ya estaba calendarizada desde el mes pasado.

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En otro caso, en el municipio de Moctezuma, la Comisión Estatal de Búsqueda localizó restos humanos en un terreno con cinco pozos. Sin embargo, sólo tres fueron procesados y de forma superficial. “Imagínate, dos años y nada. Y la Fiscalía tiene el reporte, pero nunca hizo nada. Cambiaron al MP, cambiaron los delegados, cambió de gobierno y ahí se quedó en stand-by”, señaló Pérez.

VÍCTIMAS SIN JUSTICIA  Y FAMILIAS SIN APOYO

La omisión institucional no sólo ha dejado en el abandono los procesos de búsqueda, sino que también ha impactado gravemente la salud emocional y la vida de las familias. Pérez relató el caso de una integrante del colectivo, maestra de profesión, que perdió a sus dos hijas dejando a dos niñas en la orfandad. 

“Gracias al impulso de Voz y Dignidad se logró sacar adelante la declaración especial de ausencia y presunción de muerte, y así pudo adoptar legalmente a sus nietas para asegurarles una pensión”, explicó. 

El trámite duró cinco años. Hoy, las niñas —de apenas 13 años— siguen siendo menores de edad, pero al menos cuentan con respaldo legal.

Además del abandono en el terreno forense, la presidenta del colectivo subrayó que no existen apoyos ni programas sociales destinados a las madres, esposas e hijos e hijas de personas desaparecidas. “No hay un proyecto, no hay un programa social. Se lo acaba de solicitar ya con un oficio al subsecretario de Derechos Humanos del estado. Lo único que nos dan, a regañadientes, son los traslados y un lonche”, criticó, en contraste en entidades como Coahuila, Jalisco y Veracruz, sí existen mecanismos de atención.

“Las mujeres se han enfermado, los hijos están en choque, algunos con tendencias suicidas y no tenemos el acompañamiento suficiente. Salimos así a buscar a nuestras familias, como Dios nos da a entender”, concluyó.