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Enterados que tenían sesión para aprobar el presupuesto estatal 2019, diputados locales, algunos, se pusieron a llamar aquí y allá para saber qué es lo que hoy votarán, pues la convocatoria se hizo sin que hubiera dictamen. El ejemplar de Periódico Oficial distribuido ayer trae fecha del viernes 28, cuando la Comisión de Hacienda fue suspendida.
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Todavía en los primeros minutos de hoy, la página web del Congreso del Estado no tenía la gaceta parlamentaria de todo lo que se discutirá y aprobará como en la lucha libre, en evento “sin límite de tiempo”. El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado ordena publicar las gacetas con el orden del día 48 horas antes. Y también son obligatorias en la página web según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, capítulo sobre transparencia.
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Pero las prisas por sacar el gasto oficial del Estado se notan también en el disparate de anteponer la aprobación de leyes de ingresos municipales a la del presupuesto estatal, pues en este documento se asientan las participaciones de los ayuntamientos. Un total enrevés del que sólo la Secretaría General de Gobierno, de la que depende el periódico oficial, puede saber cómo, a qué horas y qué ofreció.
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Los diputados pararon la dictaminación porque no lograban un sí a su pretensión de una bolsa entre 600 y 700 millones de pesos para obras, sobre las cuales los legisladores tendrían algo de crédito como gestores o asignadores. Gobierno no tiene para eso porque trae topados los ingresos.
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Se les propuso entonces que en la Ley de Ingresos del Estado aumentaran el Impuesto Sobre Nómina de 2.5 a 4% para sacar los recursos de su bolsa, pues medio punto porcentual en la tasa impositiva se traduce en unos 240 millones de pesos. Desde luego, dijeron que no. El empresariado se les echaría encima y con toda razón. El punto es claro: no hay de dónde. Pero como insistían, el diálogo se paró, al menos con Finanzas.
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Ya en el primer año de gobierno Juan Manuel Carreras, la Secretaría General hizo un ofrecimiento de “bolsas de obras” que, al no verse cumplido, los diputados de la pasada legislatura después andaban reclamando. Con esos antecedentes, y el aparente frenón del dictamen el viernes, no es improbable que algo fuera de toda realidad presupuestal les ofrecieron para concluir hoy esa telenovela de jalones y tanteos.
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Los “empresarios” contratados para operar las tortillerías subsidiadas y las purificadoras estaban en la nómina de la administración gallardista. Los equipos y máquinas tortilladoras nunca fueron del Ayuntamiento, aunque se suponían a cargo de Desarrollo Social. No dejaron padrones de beneficiarios ni documentación del destino de esos apoyos. De todo lo anterior, se colige entonces que ese reparto nunca fue un programa social, sino una herramienta de promoción personal con fines electorales.
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Se desarrolló un programa social con equipos y materiales que nunca existieron formalmente en la administración municipal, pero bajo el pretexto de que eran una política del Ayuntamiento. Cambió la administración y todo, desde equipos a respaldo documental, desaparecieron. Falta aclarar cómo se financiaban.
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¡HASTA MAÑANA!
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Todavía en los primeros minutos de hoy, la página web del Congreso del Estado no tenía la gaceta parlamentaria de todo lo que se discutirá y aprobará como en la lucha libre, en evento “sin límite de tiempo”. El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado ordena publicar las gacetas con el orden del día 48 horas antes. Y también son obligatorias en la página web según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, capítulo sobre transparencia.
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Pero las prisas por sacar el gasto oficial del Estado se notan también en el disparate de anteponer la aprobación de leyes de ingresos municipales a la del presupuesto estatal, pues en este documento se asientan las participaciones de los ayuntamientos. Un total enrevés del que sólo la Secretaría General de Gobierno, de la que depende el periódico oficial, puede saber cómo, a qué horas y qué ofreció.
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Los diputados pararon la dictaminación porque no lograban un sí a su pretensión de una bolsa entre 600 y 700 millones de pesos para obras, sobre las cuales los legisladores tendrían algo de crédito como gestores o asignadores. Gobierno no tiene para eso porque trae topados los ingresos.
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Se les propuso entonces que en la Ley de Ingresos del Estado aumentaran el Impuesto Sobre Nómina de 2.5 a 4% para sacar los recursos de su bolsa, pues medio punto porcentual en la tasa impositiva se traduce en unos 240 millones de pesos. Desde luego, dijeron que no. El empresariado se les echaría encima y con toda razón. El punto es claro: no hay de dónde. Pero como insistían, el diálogo se paró, al menos con Finanzas.
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Ya en el primer año de gobierno Juan Manuel Carreras, la Secretaría General hizo un ofrecimiento de “bolsas de obras” que, al no verse cumplido, los diputados de la pasada legislatura después andaban reclamando. Con esos antecedentes, y el aparente frenón del dictamen el viernes, no es improbable que algo fuera de toda realidad presupuestal les ofrecieron para concluir hoy esa telenovela de jalones y tanteos.
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Los “empresarios” contratados para operar las tortillerías subsidiadas y las purificadoras estaban en la nómina de la administración gallardista. Los equipos y máquinas tortilladoras nunca fueron del Ayuntamiento, aunque se suponían a cargo de Desarrollo Social. No dejaron padrones de beneficiarios ni documentación del destino de esos apoyos. De todo lo anterior, se colige entonces que ese reparto nunca fue un programa social, sino una herramienta de promoción personal con fines electorales.
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Se desarrolló un programa social con equipos y materiales que nunca existieron formalmente en la administración municipal, pero bajo el pretexto de que eran una política del Ayuntamiento. Cambió la administración y todo, desde equipos a respaldo documental, desaparecieron. Falta aclarar cómo se financiaban.
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¡HASTA MAÑANA!
