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Violencia contra infancias en casa y escuela persiste en SLP

Apoyaré A.C. y Shakti revelan cifras alarmantes; documenta 25 casos de agresiones sexuales

Por Ana Paula Vázquez

Abril 30, 2026 02:40 p.m.

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Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

En San Luis Potosí, la violencia contra niñas y niños ocurre dentro de sus propios hogares y se extiende a la escuela y la comunidad: 42.7% ha recibido golpes y 39.6% gritos de familiares, en un contexto donde también se registran insultos y agresiones físicas en el entorno escolar, así como casos de abuso sexual.

Esto, según el diagnóstico 2020-25 de niñeces presentado por las asociaciones Apoyaré A.C. y Shakti como parte de la iniciativa "Espacios Seguros y Libres de Violencia".

El estudio se aplicó a 344 estudiantes de entre 6 y 12 años en una primaria pública, el 59.7% de una matrícula de 576, con 97% de confianza y 4% de margen de error.

Los resultados evidencian condiciones de vulnerabilidad: 38.1% se queda solo en casa por las tardes durante un promedio de tres horas, 46.5% cuida a hermanos menores y 36.9% ha sufrido accidentes en ese lapso; en la mayoría de los hogares, además, ambos padres trabajan.

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En la escuela, la violencia es constante y principalmente psicológica: 32.6% reportó burlas o palabras ofensivas, 27.9% exclusión por horas o días y 27% empujones o sacudidas, ejercidas por compañeros y también por docentes. En la comunidad, 14.5% indicó que alguna persona le ha hecho sentir miedo.

El diagnóstico documenta 25 casos de violencia sexual, equivalentes al 7.3% de la muestra: 56% de las víctimas son niños y 44% niñas. En el 48% de los casos, el agresor exigió guardar el secreto y en el 28% hubo amenazas; el 60% de las víctimas percibió que el agresor podía hacerles daño grave o matarlos. Los agresores incluyen a otro niño, así como a familiares —padre, hermano, tío o primo—, compañeros y personas desconocidas. Pese a ello, solo el 39.2% de quienes sufrieron violencia lo contó a alguien; el resto no lo hizo por miedo.

El diagnóstico identifica brechas en la aplicación de la ley, el acceso a la justicia, la generación de datos, la atención territorial y la prevención, y concluye que la violencia contra niñas, niños y adolescentes no es un fenómeno aislado ni en disminución, sino un problema estructural sostenido por fallas institucionales y desigualdades, con efectos como afectaciones emocionales y psicológicas, abandono escolar, reproducción de la violencia, desconfianza institucional y riesgo de revictimización.

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