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El vocero de la Cooperativa Cruz Azul, Jorge Hernández, sostuvo que la empresa de más de 100 años, la más importante de América Latina y con una planta laboral de 25 mil empleos "tiene una trayectoria consolidada apegada en todos aspectos a legalidad".
Señaló, en respuesta a los reportajes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicados en EL UNIVERSAL, que los procesos de transparencia de la cooperativa son muy estrictos y que trabajan para generar políticas anticorrupción al interior de la organización.
Sobre el reportaje "Paraíso fiscal: Cruz Azul invirtió en islas caribeñas", Jorge Hernández indicó que la investigación sobre si la cooperativa invirtió en Islas Caimán o Islas Vírgenes Británicas se realizó en 2009 y que caducó hace siete años, pues las autoridades determinaron su improcedencia en 2012.
"No esperábamos una acusación de esta magnitud y sin sustento. Tenemos pruebas de que el resultado de estas revelaciones, hechas por MCCI y presentadas por la periodista Thelma Gómez, no fueron producto de una investigación, sino una filtración interna, claramente una acción provocada, sesgada y manipulada", aseguró el vocero.
Con relación al reportaje "Cruz Azul, pago de mdp a empresas irregulares", señaló que todos los procesos de pago se realizan bajo los procedimientos que marca la ley y que están supervisados, como marca la legislación fiscal vigente.
En caso de necesitar una investigación a los proveedores, sería competencia de las autoridades, no de la organización, insistió Hernández. "La cooperativa es una empresa de más de 100 años, la más importante de América Latina, con una planta laboral de 25 mil empleos, cuatro plantas y varias divisiones que tienen muchos proveedores. Tiene una trayectoria consolidada apegada en todos aspectos a legalidad", destacó el vocero.
El colaborador de la cementera y quien reclamó el derecho de réplica de la Cooperativa Cruz Azul señaló que los procesos de transparencia de la cooperativa son muy estrictos y que trabajan para generar políticas anticorrupción al interior de la organización.
Con respecto al cuestionamiento sobre si los cooperativistas habían tenido reacciones de reclamo hacia la directiva, señaló que la unidad de la familia Cruz Azul no había sido trastocada, pues entendían que se trataba de una mala interpretación de la información.
El vocero insistió que se trató de una filtración, que hubo "un abuso de la buena fe de MCCI" y que están abiertos a aclarar cualquier duda de la periodista y la organización relacionada a estos temas.
Pesquisa surge de Paradise Papers, dice MCCI
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sostuvo que el reportaje sobre la Cooperativa Cruz Azul surgió a partir de la investigación mundial Paradise Papers, impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Detalló que entre los documentos que obtuvieron los periodistas del ICIJ —y que en 2017 compartieron con periodistas de varios países, entre ellos, México— se encontraban evidencias de que directivos de la cooperativa crearon empresas en paraísos fiscales.
"Fue a partir de ese hallazgo que MCCI comenzó una investigación periodística sobre la Cruz Azul, la cual se desarrolló durante un año e implicó, entre otras cosas, buscar documentos en registros públicos de la propiedad, así como visitar domicilios de empresas en Puebla, Metepec y Toluca. También se habló con diversos cooperativistas", señaló MCCI.
La organización agregó que casi un mes antes de la publicación del trabajo en EL UNIVERSAL, se solicitó entrevista con el director general de la cooperativa, Guillermo Álvarez Cuevas, sin que hubiera respuesta.
Indicó que Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa, no desmiente la información de MCCI: "La dirección general de la Cruz Azul autorizó pagos millonarios a empresas vinculadas, una de ellas incluida por el SAT en la lista de 'presuntos' contribuyentes con operaciones simuladas".
Agregó que tampoco desmiente la creación de empresas en paraísos fiscales sin que se informara a los cooperativistas. "Hernández señala que, en 2012, las autoridades determinaron improcedente una investigación sobre esas empresas. Lo que no dice es que la averiguación previa que abrió la SIEDO ni siquiera se investigó por parte del Ministerio Público, porque se trataba de delitos fiscales y, necesariamente, debía contar con una denuncia de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con documentos con los que cuenta MCCI", indicó la organización.
Llamó a los directivos de la cooperativa a aclarar a todos los cooperativistas ambas acciones.
