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Ciudad de México.- En 2017, 20 estados de la República Mexicana pagaron 2 mil 093 millones 188 mil 291 de pesos en salarios y prestaciones que estuvieron fuera de la ley con dinero federal etiquetado para salud y programas sociales.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 del gasto federalizado, en el 62.5 por ciento de las entidades del país se encontraron por lo menos 11 maneras en que el dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y Prospera, en su componente de salud, sirvió para pagar salarios.
Por ejemplo, en sueldos pagados a personas de las que no se encontró prueba alguna que demostrara que trabajaron, se fue un total de mil 291 millones 713 mil 873 pesos; en pagos con dinero que no podía ser utilizado para eso, se detectaron 400 millones 911 mil 437 pesos.
Asimismo, en pagos de indemnizaciones u otras prestaciones que no estaban contempladas pagar con dinero federal, se fueron 107 millones 243 mil 368 pesos y de la misma manera, 76 millones 954 mil 215 pesos quedaron en manos de personal sindicalizado.
El resto de las maniobras para pagar sueldos son sueldos que superan el monto establecido por ley; cheques que no fueron ni cancelados ni reintegrados; sueldos a personas que no cumplían con el perfil académico solicitado para la plaza; pagos a personal que ya estaba dado de baja; sueldos a personal del que nunca se encontró un contrato o alguna documentación comprobatoria de haber trabajado; pagos a personal con licencia sin goce de sueldo o con baja temporal y en pagos duplicados.
San Luis Potosí: 114 mdp
En esta entidad se fueron 7 millones 091 mil 884 pesos por pagar indebidamente a 18 personas con los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017; 97 millones 003 mil 071 pesos que se dieron a personal del que no laboró en las unidades médicas adscritas al Seguro Popular y 4 millones 812 mil 456 pesos que se pagaron a personal que no estaba adscrito a las unidades médicas financiadas con los recursos del Seguro Popular.
Otros 541 mil 543 pesos fueron clasificados como daño al erario porque se pagó a personal que no cumplía con el perfil con el que fueron contratados, también para trabajar en el Seguro Popular.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 del gasto federalizado, en el 62.5 por ciento de las entidades del país se encontraron por lo menos 11 maneras en que el dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y Prospera, en su componente de salud, sirvió para pagar salarios.
Por ejemplo, en sueldos pagados a personas de las que no se encontró prueba alguna que demostrara que trabajaron, se fue un total de mil 291 millones 713 mil 873 pesos; en pagos con dinero que no podía ser utilizado para eso, se detectaron 400 millones 911 mil 437 pesos.
Asimismo, en pagos de indemnizaciones u otras prestaciones que no estaban contempladas pagar con dinero federal, se fueron 107 millones 243 mil 368 pesos y de la misma manera, 76 millones 954 mil 215 pesos quedaron en manos de personal sindicalizado.
El resto de las maniobras para pagar sueldos son sueldos que superan el monto establecido por ley; cheques que no fueron ni cancelados ni reintegrados; sueldos a personas que no cumplían con el perfil académico solicitado para la plaza; pagos a personal que ya estaba dado de baja; sueldos a personal del que nunca se encontró un contrato o alguna documentación comprobatoria de haber trabajado; pagos a personal con licencia sin goce de sueldo o con baja temporal y en pagos duplicados.
San Luis Potosí: 114 mdp
En esta entidad se fueron 7 millones 091 mil 884 pesos por pagar indebidamente a 18 personas con los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017; 97 millones 003 mil 071 pesos que se dieron a personal del que no laboró en las unidades médicas adscritas al Seguro Popular y 4 millones 812 mil 456 pesos que se pagaron a personal que no estaba adscrito a las unidades médicas financiadas con los recursos del Seguro Popular.
Otros 541 mil 543 pesos fueron clasificados como daño al erario porque se pagó a personal que no cumplía con el perfil con el que fueron contratados, también para trabajar en el Seguro Popular.
