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Ciudad de México.- El billete de mil pesos comenzó a circular el 7 de abril de 2008 y desde su emisión causó conflictos entre la población, pues se argumenta que aceptarlos implica desconfianza al ser “fácilmente falsificables”.
Pese a que a inicios de 2018 el Banco de México (BM) confirmó a El Universal que los billetes que más se falsifican en el país son los de 500 pesos, aún varios comercios, sobre todo pequeños comercios, no reciben pagos con
esta denominación.
Hacerlo significa una violación a la Ley Monetaria, al Código de Comercio y a la Ley Federal de Protección al Consumidor pues todos los comercios en el país deben aceptar el papel moneda con poder liberatorio, es decir, todos los billetes válidos estipulados por la Ley Monetaria.
Banxico explica en su página de internet que los billetes que tienen poder liberatorio son los de diez, veinte, cincuenta, cien, doscientos, quinientos y
mil pesos.
En 2013, el BM firmó un acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el que se comprometían a trabajar en conjunto para promover el uso adecuado de los billetes y monedas de curso legal, así como de los derechos del consumidor y la equidad entre proveedores y consumidores.
Pese a que a inicios de 2018 el Banco de México (BM) confirmó a El Universal que los billetes que más se falsifican en el país son los de 500 pesos, aún varios comercios, sobre todo pequeños comercios, no reciben pagos con
esta denominación.
Hacerlo significa una violación a la Ley Monetaria, al Código de Comercio y a la Ley Federal de Protección al Consumidor pues todos los comercios en el país deben aceptar el papel moneda con poder liberatorio, es decir, todos los billetes válidos estipulados por la Ley Monetaria.
Banxico explica en su página de internet que los billetes que tienen poder liberatorio son los de diez, veinte, cincuenta, cien, doscientos, quinientos y
mil pesos.
En 2013, el BM firmó un acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el que se comprometían a trabajar en conjunto para promover el uso adecuado de los billetes y monedas de curso legal, así como de los derechos del consumidor y la equidad entre proveedores y consumidores.
