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Miguel R. Valladares García

miércoles 14 noviembre 2018

Periodismo y libertad de expresión están amenazados en todo el mundo: CPJ

El Universal
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En todo el mundo, como lo muestra dramáticamente el caso de Jamal Khashoggi, el periodismo y la libertad de expresión son amenazados por regímenes autoritarios, el crimen organizado, empresas e individuos interesados en ocultar sus violaciones a los derechos humanos, ganancias ilícitas y abusos.

Según el Comité para Proteger a Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York y una de las instituciones más respetadas que trabajan en este campo, las nuevas tecnologías de la información—el internet global e interconectado, las ubicuas plataformas de redes sociales y los teléfonos inteligentes con cámaras—supuestamente harían obsoleta a la censura.

En lugar de eso, no obstante, la han hecho más complicada.

Luego de la polarizante elección de Donald Trump en Estados Unidos, surgieron las preocupaciones en torno al ascenso de las noticias falsas, así como por el ambiente hostil e intimidante creado por la acalorada retórica de Trump.

Pero en todo el mundo, afirma el CPJ, las tendencias son más profundas, más duraderas y más alarmantes.

Las estrategias para controlar y administrar la información recaen en una modernización de las peores tácticas del viejo estilo, que van desde la censura estatal hasta el encarcelamiento de los críticos, mientras que el control político embozado implica un esfuerzo sistemático para ocultar las acciones represivas, al presentarlas bajo el manto de normas democráticas.

En el mismo sentido, la “captura tecnológica” implica utilizar los mismos medios que generaron el estallido de la información global para ahogar el disenso, mediante el monitoreo y la vigilancia de los críticos, el bloqueo de páginas web y el acoso cibernético para acallar las voces críticas.

“Lo más pernicioso es la siembra de confusión a través de la propaganda y las noticias falsas”, añadió el CPJ.

En México, al menos 11 periodistas han sido asesinados este año, indican la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la oficina en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos.

Las víctimas incluyen a José Gerardo Martínez, de 35 años, editor del Servicio Universal de Noticias (SUN) de EL UNIVERSAL. Martínez fue asaltado y baleado el 6 de enero en la Ciudad de México y los presuntos responsables no han sido detenidos.

Al menos 62 periodistas han sido asesinados durante el sexenio del gobierno federal saliente; por su lado, la oficina en México y América Central del organismo no lucrativo Artículo 19 destacó que México se mantiene como el país latinoamericano más peligroso para el trabajo periodístico, y que sus niveles de violencia son comparables a los que se registran en naciones en guerra como Siria.

Protección insuficiente

Artículo 19 puntualizó que 119 periodistas mexicanos han sido asesinados desde el año 2000; otras 1,986 amenazas y ataques se reportaron en los últimos seis años.

De su parte, un informe difundido esta semana en la Ciudad de México por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Protección Internacional (PI) subrayó que los mecanismos latinoamericanos para la defensa de periodistas y activistas por los derechos humanos carecen de estándares internacionales y sólo se enfocan en la seguridad y los riesgos, sin una perspectiva más amplia en el derecho a defender las garantías individuales mediante la participación activa de los involucrados en esa actividad y de los periodistas.

Además del caso Khashoggi, este año otros 44 periodistas han sido asesinados, 27 de ellos de forma deliberada, en varios países

Entre los casos recientes se cuenta el de Daphne Caruana Galizia, quien trabajó en los Panama Papers (Papeles de Panamá) con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que murió este mes hace un año, cuando analizaba los vínculos entre políticos y delincuentes en su nativa Malta.

Pocos meses después, en Eslovaquia, un sujeto tiroteó al reportero de investigación Ján Kuciak junto a su prometida. Kuciak, de 27 años, trabajaba en los presuntos lazos entre dirigentes políticos y empresariales del país europeo con la mafia italiana.

El viernes, el sospechoso de 21 años que habría violado y asesinado a una periodista de televisión búlgara declaró que mató a Viktoria Marinova, aunque no quiso hacerlo.

Esposado y rodeado por policías, Severin Krassimirov habló con la prensa en un tribunal de la ciudad norteña de Ruse, donde compareció. Previamente, afirmó que estaba alcoholizado y drogado cuando entró en una discusión con una mujer que no conocía, el 6 de octubre.

Sin embargo, Marinova, de 30 años, era la presentadora de un programa de opinión llamado “Detector” de la cadena TVN. Su primer episodio incluyó una entrevista con dos periodistas de investigación búlgaros que analizaban un presunto fraude con recursos de la Unión Europea relacionado con empresarios y políticos.

Los reporteros, Attila Biro y Dimitar Stoyanov, fueron arrestados en septiembre mientras continuaban su indagación.

Marinova es el tercer periodista de alto nivel que es víctima de homicidio en el último año, y el cuarto desde 2017 en la Unión Europea.

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